La alharaca hipócrita de ERC y el papelón de Torrent

Dada mi ascendencia catalana sigo con frecuencia TV3 porque, pese a su violación constante del derecho ciudadano a la información veraz, es una fuente privilegiada para conocer las “astucias” del discurso (en catalán) y la estrategia política del independentismo. Si uno quiere conocer las intervenciones completas de los dirigentes secesionistas, no hay mejor medio que el canal público de la Generalitat. Y, como no podía ser menos, TV3 interrumpió su noticiero para dar cuenta de la declaración completa de Roger Torrent, presidente del Parlament, emitida como respuesta a la decisión del Gobierno del Estado de impugnar ante el Tribunal Constitucional la candidatura del fugado Puigdemont.

En su intervención, Torrent no ha desaprovechado la oportunidad de mostrarse como un adalid del independentismo, mucho más que como el presidente de un parlamento del conjunto de las fuerzas políticas de Cataluña. Ha utilizado todos y cada uno de los tópicos al uso: que el secesionismo busca el dialogo y sólo recibe amenazas del gobierno de Madrid, que el Estado no sabe otra cosa que judicializar la política, que debería respetar los resultados de las pasadas elecciones, y así toda la retahíla de verdades a medias y mentiras descaradas que conocemos. Sin embargo, esta intervención tiene algo de novedoso: supone una hipocresía monumental y obliga a Torrent a improvisar un papelón que deja al descubierto su verdadero rostro de secesionista puro y duro, algo que había tratado de ocultar en su primer discurso ante el recién constituido Parlament.

Su declaración sigue al pie de la letra el guion de la gesticulación hipócrita de Esquerra Republicana de Cataunya (ERC), cuya dirección desea con toda su alma que alguien le quite de en medio a Puigdemont de una condenada vez. Y claro, si es el Estado español quien se encarga de hacer ese trabajo logra una carambola fantástica: se acaba el dolor de cabeza que les supone Puigdemont y se aprovecha la oportunidad para un incremento del victimismo a su favor. Otra astucia más. En este caso con otro rédito: ocultar la guerra sin cuartel que mantiene por debajo de la mesa con JuntsperCat, cuya última expresión ha consistido en la divergencia acerca de la fecha de celebración del pleno del Parlament para elegir presidente de la Generalitat.

Los periódicos de Madrid no han captado el significado de esa divergencia, y apenas han pasado de la idea de que “ni en eso se ponen de acuerdo los independentistas”. Como si el asunto de esa fecha sólo fuera un detalle más de los acontecimientos en Cataluña.

En absoluto. La discusión sobre la fecha muestra la diferencia estratégica entre las dos fuerzas secesionistas. La cuestión consiste en saber si se quiere forzar la mano del plan A (Puigdemont) como quiere JuntsperCat, o bien se quiere dar alguna oportunidad a que perviva un plan B (un candidato de ERC u otro que no sea Puigdemont). Si se desea lo primero entonces es conveniente postergar al máximo la fecha antes de que concluya el plazo para hacerlo (31 de enero a las 3 de la tarde), para eliminar el tiempo de respuesta del Estado y su presentación de recursos. En cambio, si se desea dar un respiro al plan B, entonces conviene dejar al menos 24 horas al Estado para que pueda reaccionar. Obviamente, ERC ha elegido la segunda opción y el pleno se celebrará el 30 de enero. Pero lo ha hecho en medio de enormes aspavientos reivindicativos para ocultar su agenda oculta.

Desde luego, después de la negativa impolítica del Consejo de Estado acerca de la solicitud del Gobierno de solicitar al Constitucional la elección de Puigdemont, el costo político del Estado será elevado. Y ello si es que el alto tribunal acoge a trámite la impugnación gubernamental. Porque si el Constitucional rechaza la petición del Gobierno, entonces será el PP quien asuma todo el costo político. Algo que Rajoy parece dispuesto a hacer para quitarse de encima la acusación de que siempre está a la espera de lo que hagan los demás. Sobre todo frente al ascenso de Ciudadanos. Pero tiene razón Rubalcaba cuando afirma que el coste político sería aun mayor para el Estado si esa impugnación se hiciera después de que Puigdemont hubiera sido elegido President en el pleno. Entre otras razones, porque ello podría reclamar la intervención del Rey, que es quien debe nombrar formalmente al candidato elegido. ¿Se imaginan el costo que supondría que el Rey se negara a nombrar al candidato Puigdemont elegido en el Parlament?

Así que no le queda al Estado otra alternativa que impedir preventivamente la elección de Puigdemont como President, pese al costo político que ello suponga. Pero debe quedar claro que ese costo político debe ser encarado colectivamente y no sólo por los poderes públicos. Ya es hora que las fuerzas políticas y la ciudadanía encaren también el costo, si es que quieren defender una Constitución que declara en su primer artículo que la soberanía popular es insustituible e indivisible.