El Tribunal Constitucional mantiene su prohibición a la investidura de Carles Puigdemont, mientras este no se ponga a disposición judicial. Por unanimidad, el pleno ha rechazado el recurso presentado por Junts per Catalunya, en el que solicitaba la suspensión cautelar de las medidas fijadas por este tribunal.
El Constitucional confirma el auto dictado el pasado 27 de septiembre, en el que se acordó la suspensión cautelar de las resoluciones que permitían la investidura de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat.
Este lunes, Junts per Catalunya, formación electoral liderada por Puigdemont, presentó un recurso para tratar de levantar la prohibición en torno a la investidura, presencial o telemática, del ex president.
El Constitucional rechaza que las medidas cautelares acordadas el pasado sábado "vulneren el principio de autonomía parlamentaria; o que causen indefensión a los diputados electos de Junts per Catalunya, cuyo derecho de defensa ha quedado debidamente preservado al aceptarse su personación en el procedimiento".
El Pleno afirma que debe respetar la potestad que el art. 161.2 de la Constitución atribuye al Gobierno para obtener la suspensión de las resoluciones y disposiciones de las Comunidades Autónomas que recurra; y, por otra parte, recuerda el deber de todos los poderes públicos, incluidas las cámaras parlamentarias, de cumplir los pronunciamientos del Tribunal.
Esta decisión llega después de que el presidente del Parlament, Roger Torrent haya decidido aplazar el pleno de investidura tras la advertencia que le envió este lunes el Constitucional.
El aplazamiento de ese pleno ha generado fracturas en el bloque independentista, que ahora debe decidir si mantiene el pulso con la candidatura de Puigdemont o se decanta por un candidato libre de procesos judiciales, tal y como le reclama el Gobierno.
Estas son las medidas cautelares adoptadas por el Constitucional:
- No podrá celebrarse el debate y la votación de investidura de Carles Puigdemont como candidato a Presidente de la Generalidad a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario.
- No podrá procederse a la investidura del candidato sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión.
- Los miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios.
Si (
No(
