El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional solicitando el levantamiento de la suspensión de la llamada 'Ley Antifracking' aprobada por las Cortes regionales el año pasado, "mientras no exista un plan estratégico regional sobre la fractura hidráulica" que impida esta práctica en la región. Así lo ha avanzado el el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.
Martínez Arroyo ha subrayado que desde el Gobierno regional "esperamos que el Tribunal Constitucional levante la suspensión de la ejecutividad de la Ley, porque de ellos depende que en Castilla-La Mancha se pueda realizar prácticas de fractura hidráulica y queremos impedirlo a través de ese recurso que vamos a presentar ante el Tribunal Constitucional".
Según ha subrayado, la Ley aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha el pasado 9 de marzo de 2017 "no invade competencias estatales", ya que, ha recordado, "se apoya en dos competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma: el medio ambiente y la salud pública, en las que tenemos las competencias para legislar, y no estamos de acuerdo con esa posición anifestada desde el Gobierno central a través del recurso que se ha admitido a trámite por el Tribunal Constitucional", ha dicho.
Martínez Arroyo ha defendido que "además de garantizar la salud pública y el medio ambiente, en Castilla-La Mancha se apuesta por un modelo energético de sostenible muy alejado de prácticas como el fracking y las energías nucleares y vamos a defenderlo siempre” porque “garantiza la viabilidad de nuestro territorio".
En la Ley aprobada por las Cortes regionales, actualmente en suspenso por el recurso admitido a trámite del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, se establecen las medidas adicionales de protección de la salud pública y el medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica.
El Gobierno regional entiende que deben prevalecer las garantías de la salud pública y medio ambiente sobre una práctica "de la que se desconocen con precisión sus efectos", según ha resaltado el consejero, al tiempo que ha reiterado que "hay argumentos suficientes para que podamos legislar sobre esta materia apoyándonos en competencias exclusivas de Castilla-La Mancha y así vamos a defender los intereses en la región en este sentido".
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