Compromís solicitó al Gobierno las cuentas anuales de la Fundación Francisco Franco hasta el ejercicio 2015, pero no ha recibido todas las solicitadas. Mientras el Ejecutivo de Mariano Rajoy asegura que las cuentas de 2002 "no fueron presentadas" y no dispone de las de 2003 "por problemas técnicos", lo cierto es que tampoco han entregado las correspondientes al periodo entre 2008 y 2010. Más allá de este incumplimiento de la Ley de Fundaciones en lo referido a la presentación de las cuentas anuales, el portavoz de Compromís, Carles Mulet considera que "lo peor es que fundaciones como estas existan y reciban fondos públicos, de hasta 150.841,22 euros desde 2000 a 2003".
El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet ha vuelto a exigir al Gobierno la ilegalización de esta Fundación, que entre sus "objetos básicos" se dedica a: "contribuir a la proyección del ideario de Franco sobre el futuro de la vida española, exaltar su vida como modelo de virtudes puestas al servicio de la Patria y toda actividad que conduzca a enaltecer su figura", según sus propios estatutos.
Mulet pidió al Gobierno las cuentas anuales de la Fundación Francisco Franco, que se encuentran "depositadas en el Registro de fundaciones de competencia estatal", y ha publicado en la web del partido las entregadas por el Gobierno, que corresponden a los ejercicios: 2000, 2001, 2004, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
- Vea en este enlace las cuentas de la Fundación Francisco Franco
Según la respuesta del Gobierno, "el ejercicio 2002 no fue presentado por la Fundación", mientras que las cuentas de 2003, "no se dispone de ellas por problemas técnicos con su archivo central". Además de no figurar las de estos años, Mulet recuerda que "las cuentas de 2008 a 2010 no han sido aportadas por el Gobierno a pesar de la obligación de la Fundación en hacerlas públicas; justamente entre 2004 y 2008 estas fueron presentadas con muchos años de retraso incumpliendo la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, que fija en seis meses desde el cierre de cada ejercicio para su presentación".
"Han llegado a acumular más de cuatro años de retrasos, sin que el Gobierno haya adoptado ninguna medida ya que, como la ley no contempla sanciones, el Gobierno tampoco anuncia medidas para castigar esta práctica", remarca el senador valenciano. La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en su artículo 25, establece la obligación de que los patronatos de las fundaciones aprueben las cuentas anuales en el plazo de seis meses desde el cierre de cada ejercicio y se presenten en los 10 días hábiles siguientes a su aprobación. Sin embargo la citada Ley no establece ninguna medida de sanción para las fundaciones que incumplan dicha obligación.
Más allá del incumplimiento de la Ley de Fundaciones a este respecto, Mulet subraya que "lo peor es que fundaciones como estas existan y reciban fondos públicos, de hasta 150.841,22 euros desde 2000 a 2003, tal y como reconoce el propio Gobierno en otra respuesta parlamentaria".
"Es como si la actual Alemania pagara dinero de todos a una legalizada fundación Adolf Hitler, algo inconcebible e imperdonable. Pero aquí en el Estado Español, no pasa absolutamente nada porque el Partido Popular se descara como heredero legítimo del franquismo, bloqueando la Ley de Memoria Histórica y permitiendo el enaltecimiento de un régimen genocida. Gracias al PP, España es después de Camboya el Estado con más asesinados desparecidos y eso es porque los herederos políticos de la dictadura continúan en el poder", denuncia Mulet.
Según se detalla en las cuentas relativas al año 2000, la Fundación Franco tiene por objeto básico:
"Difundir el conocimiento de Francisco Franco, y en particular:
a. Promover y realizar estudios sobre el pensamiento de Francisco Franco, y sobre las realizaciones de los años de su mandato
.b. Contribuir a la proyección de su ideario sobre el futuro de la vida española
c. Exaltar su vida como modelo de virtudes puestas al servicio de la Patria
d.Toda actividad que conduzca a enaltecer la figura de Franco, y a preservar su legado, sin perjuicio de cualquier actuación que colabore al mejor cumplimiento de estos fines".
El senador de Compromís exige "ilegalizar este tipo de organizaciones que atentan contra la democracia, los derechos humanos y promueven el incumplimiento de las leyes, llegando a ofrecer todos sus servicios para incumplir la Ley de la Memoria Histórica, algo inaudito, que debería tener tras de sí todos los mecanismos que contempla la propia legislación".
"En cualquier país democrático de nuestro entorno, una entidad de este tipo habría sido disuelta, condenada y apartada de las prerrogativas, beneficios (impuestos, blindaje de su patrimonio…) e ingresos que permite la legislación, suponemos que en algunos casos para pagar o contratar personal. Además, debería ser supervisada, para que cumpla de forma efectiva con sus rentas con los fines sociales que marca la ley y con los plazos en sus obligaciones", sostiene Mulet.
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