El ex president de Cataluña, Carles Puigdemont ha decidido dar un paso atrás y renunciar a su investidura ante las dificultades para sellar un acuerdo con ERC, aunque el Gobierno se ha querido atribuir el 'mérito' de haber conseguido su retirada por la aplicación del 155. En un vídeo difundido a través de las redes sociales, Puigdemont aseguró que la suya es una renuncia "provisional" pero propuso como candidato al encarcelado Jordi Sànchez. "Ahora Madrid no tendrá ninguna excusa para continuar con la ocupación de nuestras instituciones", manifestó el ex president. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría atribuyó la decisión de Puigdemont a "la firmeza y la determinación del Gobierno que desde el primer momento tuvo muy claro que no podía someterse a la investidura".
"No claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de quienes han perdido en las urnas ni ante la arbitrariedad de quienes están dispuestos a pagar el precio de abandonar el Estado de derecho y la justicia para defender la unidad de la patria. Tengo plena confianza de que ganaremos y que un día, espero que muy pronto, podré volver a Cataluña como un hombre libre", proclamó el ex president tras anunciar su paso atrás.
Puigdemont ha asegurado que la suya es una renuncia "provisional" que les dará "libertad para poder emprender la próxima fase del camino hacia la independencia y el despliegue de la república catalana desde espacios más libres y democráticos". Tras ratificar su "firme voluntad de mantener la legitimidad de la república votada" el 1 de octubre y "ratificada por el Parlament" el 27 de ese mes, anunció que en los próximos días convocará "a los miembros del Parlament a una reunión solemne para impulsar esta nueva etapa y establecer el Consejo de la República para que lidere el camino hacia la independencia efectiva".
Anunció que ha presentado una denuncia contra España ante las Naciones Unidas por "violación de la Declaración de los Derechos Humanos y la Carta de Derechos Civiles y Políticos".
En su paso atrás, Puigdemont dio el relevo al ex presidente de la ANC y 'número 2' de la lista de JxCat, Jordi Sànchez, que se encuentra en prisión por su papel en el 'procés', y que sería otro candidato que el Gobierno rechazaría por su situación judicial. Además, el Tribunal Supremo ya ha rechazado en varias ocasiones dejar en libertad a Sànchez, por lo que su designación podría terminar como la de Puigdemont.
El ex president definió a Sànchez como "un hombre de paz, injustamente encerrado en una cárcel española". El ex líder de la ANC aceptó la propuesta de Puigdemont. "Es un gran honor y una enorme responsabilidad poder representar al pueblo de Cataluña", escribió en Twitter.
El presidente del Parlament, Jordi Torrent, iniciará la próxima semana una nueva ronda de contactos con los representantes de los grupos parlamentarios para proponer un nuevo candidato a la Presidencia de la Generalitat.
Moncloa se apunta el tanto
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió a Puigdemont de que "no hay renuncias provisionales" a ser presidente y garantizó que el Ejecutivo no permitirá que desde Bélgica se creen estructuras paralelas al Gobierno de la Generalitat. "Ha estado mareando la perdiz un mes y medio para tener que aceptar lo que era indudable desde el primer momento, y es que no podía ser presidente de la Generalitat", apuntó ante los micrófonos de la cadena COPE.
Sáenz de Santamaría dijo que Puigdemont había tomado su decisión por "la firmeza y la determinación del Gobierno" que "desde el primer momento tuvo muy claro que no podía someterse a la investidura". Respeto a Jordi Sànchez, la vicepresidenta dijo que, a la espera de la decisión que pueda tomar el Tribunal Supremo, es difícil que alguien pueda tomar posesión de su cargo estando en prisión.
Desde La Moncloa insistieron en que la renuncia de Puigdemont "no hubiera sido posible sin la determinación del Gobierno de utilizar todos los recursos a su alcance para impedir esa burla a la legalidad vigente". El Ejecutivo seguirá "velando por el respeto a la legalidad, incluido el uso correcto del dinero público", señala que "un fugado de la Justicia no va a vivir a costa del erario público", en referencia a Puigdemont.
El Partido Popular, en su cuenta de Twitter, atribuyó a la "tenacidad y firmeza" del Gobierno y a la aplicación del 155 la renuncia de Puigdemont. El presidente del PP de Guipúzcoa, Borja Semper, dijo que el expresidente catalán renuncia a "algo que era imposible".
Para la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, Puigdemont se retira porque "no puede alargar más" el "esperpento". El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, criticó que el expresidente "pretenda dejar como legado otra propuesta sin salida" y exigió que se proponga un candidato "viable" que "sable del bloqueo" a Cataluña.
El Parlament reivindicó a Puigdemont y el 1-O
Unas horas antes de que Carles Puigdemont hiciese pública su renuncia a ser invertido presidente, el Parlament aprobó, con los votos de JxCat, ERC y la CUP, una resolución que exige cesen las "injerencias" del Gobierno y del Tribunal Constitucional, reivindica el referéndum del 1 de octubre y la legitimidad de Carles Puigdemont como candidato a ser elegido presidente. Según el texto, el expresidente "sigue contando con la mayoría parlamentaria suficiente" para poderle "ratificar la confianza como presidente".
Aunque finalmente se descartó la enmienda de la CUP que planteaba "reafirmar" la declaración unilateral de independencia aprobada el 27 de octubre, la resolución exige que el Gobierno central "cese las injerencias" sobre las instancias judiciales para impedir que se materialice la voluntad democrática "legítimamente expresada en el referéndum de autodeterminación", expresión que, según alertaron los letrados de la Cámara, puede chocar con las resoluciones del Tribunal Constitucional. Los diputados de Ciudadanos, PSC y PPC renunciaron a participar en la votación de este punto alusivo al 1-O, mientras que votaron en contra los ocho diputados de Catalunya en Comú.
El Consejo de Ministros analizará hoy las resoluciones aprobadas por el Parlament para determinar si son susceptibles de recurso ante el Tribunal Constitucional. Según 'La Vanguardia', la Fiscalía no ve que haya materia delictiva en los acuerdos del Parlament por lo que ninguna acción penal se va a instar a partir de los textos aprobados.
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