El Tribunal Constitucional ha preferido esquivar de momento el espinoso asunto del calendario político catalán. Dos importantes asuntos tenía sobre la mesa este martes -la decisión sobre la admisión a trámite del recurso del Gobierno contra la candidatura de Puigdemont y el recurso del PSC reclamando medidas cautelares para desbloquear la inactividad política en el Parlament-, pero en ningún caso ha querido entrar en el fondo del asunto.
El Tribunal Constitucional ha vuelto a aplazar la decisión sobre si admite o no a trámite el recurso del Gobierno -contrario al dictamen del Consejo de Estado y de la opinión de los letrados del Parlament- sobre la mera candidatura del ex president Carles Puigdemont para repetir en el cargo.
De hecho, podría no llegar a pronunciarse jamás sobre la legalidad de la impugnación, interpretada por multitud de juristas como un acto preventivo e inconstitucional. La razón está en que la situación en Cataluña ha cambiado y el nombramiento oficial de Jordi Sánchez como nuevo candidato a la investidura podrían dejar sin razón de ser el pronunciamiento sobre la candidatura ya caduca de Puigdemont.
Por este motivo, el Tribunal Constitucional ha solicitado a las partes que se manifiesten sobre la idoneidad de seguir adelante con el recurso planteado en su día. A través de una providencia, ha acordado específicamente:"Oír al impugnante, Gobierno de la Nación, al Parlamento de Cataluña y a las partes personadas para que, en el plazo común de diez días, aleguen lo que consideren conveniente sobre la posible pérdida de objeto del presente procedimiento".
Eso sí, mantiene las medidas cautelares que aprovechó a fijar entonces relativas a la necesidad de que el candidato se encuentre físicamente en la cámara catalana el día del debate de investidura, sin posibilidad de delegación o interlocución telemática. Asimismo, especificó que, en todo caso, debía contar con autorización judicial si, llegado el momento, el candidato hubiera seguido bajo orden de busca y captura.
¿Repetición de elecciones?
La otra cuestión era la referida al recurso de amparo presentado por el PSC para desbloquear la situación en Cataluña. El líder del PSC, Miquel Iceta, denunció ante el tribunal la inactividad parlamentaria producida desde las elecciones del 21-D y solicitó que el tribunal se pronunciara sobre qué hecho equivalente a un debate de investidura podría considerarse como efectivo a la hora de que empezara a correr el plazo de 2 meses antes de que se convocaran de manera automática unas nuevas elecciones en Cataluña.
En este caso, el Tribunal Constitucional habría aceptado su admisión a trámite, pero sin adoptar las medidas cautelares reclamadas por los socialistas. Es decir, no se ha pronunciado aún sobre una fecha límite para celebrar los comicios si el Parlament sigue sin escoger a un nuevo president de la Generalitat.
De esta manera, si el president del Parlament, Roger Torrent, volviera a suspender el Pleno de investidura convocado para el próximo 12 de marzo antes de su celebración -ante la eventualidad de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no concediese a Jordi Sánchez permiso para abandonar la prisión preventiva-, podría entenderse, al igual que sucedió en enero, que tampoco ha arrancado aún la cuenta atrás para la celebración de nuevos comicios, alargando nuevamente la situación de paralización institucional en Cataluña.
Si (
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