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El Gobierno lamenta que Puigdemont elija la vía del destierro voluntario de 25 años para que prescriban sus delitos
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(Foto: EP)

El Gobierno lamenta que Puigdemont elija la vía del destierro voluntario de 25 años para que prescriban sus delitos

domingo 11 de marzo de 2018, 09:49h

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, entrevistado este domingo en el diario 'El Mundo', respecto a la situación procesal de Carles Puigdemont, señala que es "lamentable que antes de saber a qué podría ser condenado, haya elegido para sí una pena de destierro de 25 años, que es el periodo de prescripción de los delitos que se le atribuyen. Esa elección que ha hecho tiene que ver con una cobardía política e incluso personal".

También considera que si en Cataluña hubiera un Gobierno que ejerciese sus funciones cumpliendo la ley, la Constitución y el Estatuto, "la causa que justifica la aplicación del 155 desaparecería". "Es bueno que el 155 acabe antes o después (…) Lo deseable es que cuanto antes se dejen de debates personalistas y se produzca la investidura", añade.

No obstante, "no se observa una voluntad real de encontrar una solución y, por tanto, de promover la normalidad institucional de Cataluña. Lo razonable y deseable es que cuanto antes haya un candidato a la investidura que pueda ejercer sus funciones y pueda normalizar la situación institucional". Por lo demás, dice Catalá, "que recurran a Estrasburgo no me preocupa, está dentro de nuestro sistema de garantías".

En otro orden de cosas, preguntando por las reivindicaciones de las mujeres en las recientes manifestaciones del 8 de marzo, Catalá considera que el Gobierno ha demostrado sensibilidad con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. "Lo hemos hecho, por ejemplo, con las 350.000 mujeres que ya tienen una mejora de su pensión por ser madres. Y estamos trabajando para superar la brecha salarial".

Partidario de recuperar el acuerdo en torno al pacto por la Justicia, y en cuestiones concretas como la del nombramiento de los miembros del CGPJ, el titular de Justicia asegura que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sigue siendo una prioridad puesto que la ley actual "no responde a los problemas de la Justicia y de la delincuencia del siglo XXI".

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