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La reforma de la Ley de Amnistía de 1977, otra vez en manos del PSOE

La reforma de la Ley de Amnistía de 1977, otra vez en manos del PSOE

> En 2016, los socialistas, junto al PP y C's, blindaron la normativa que impide juzgar a torturadores franquistas

lunes 19 de marzo de 2018, 12:49h
Este martes, el Congreso de los Diputados acogerá un debate para decidir si admite a trámite la propuesta de modificación de la Ley de Amnistía, del año 1977, que impide juzgar a los torturadores franquistas y supone un obstáculo para la reparación y justicia de las víctimas de los crímenes cometidos durante la dictadura franquista. Aunque ya en 2009 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó a España que considerase la derogación de la Ley de Amnistía para impedir violaciones de los derechos humanos, en 2016, los votos del PP, PSOE y Ciudadanos impidieron la modificación de esta ley. Ahora, desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) piden al PSOE que apoye la proposición de ley, que ha sido impulsada y respaldada por Unidos Podemos, EH Bildu, ERC, PNV, Compromís, Nueva Canarias y PDCAT.

El PSOE, que acostumbra a reprochar al Gobierno su inacción en el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y que defiende la creación de una Comisión de la Verdad en el Congreso, es también el partido que ha blindado la reforma de la Ley de Amnistía de 1977, junto al PP y C's. Esta contradicción que ha mantenido hasta ahora el partido socialista afronta mañana un nuevo reto, ya que la modificación de esta ley necesita de su apoyo para iniciar su recorrido parlamentario.

Unidos Podemos, que ya trató de impulsar, sin éxito, la modificación de la Ley de Amnistía, ha vuelto a respaldar junto a EH Bildu, ERC, PNV, Compromís, Nueva Canarias y PDCAT esta iniciativa impulsada por CEAQUA. Esta organización, que lucha por la verdad, justicia y reparación de los crímenes del franquismo, ha reiterado en varias ocasiones su voluntad de seguir adelante a pesar de los constantes archivos de querellas por parte de la Justicia en nuestro país. Y es que la única causa judicial abierta contra los crímenes del franquismo es la que instruye la jueza argentina María Servini, a pesar de que nuestro país es el segundo con mayor número de desaparecidos forzados, solo detrás de Camboya.

Pese a las numerosas recomendaciones de la ONU sobre la necesidad de investigar y proteger los derechos humanos, en nuestro país, las querellas que han presentado y presentan las víctimas, son archivadas bajo el pretexto de que no se trata de crímenes de lesa humanidad.

La propuesta de CEAQUA para modificar la Ley de Amnistía de 1977 "tiene por objeto determinar de forma clara y taxativa que la Ley 46/1977 no puede impedir la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen dictatorial franquista y todo ello en consonancia con lo dispuesto al respecto por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional".

"La Ley de Amnistía constituye uno de los grandes obstáculos para que las personas que sufrieron crímenes internacionales durante la dictadura franquista encuentren amparo en nuestros Juzgados y Tribunales. Tal y como se ha indicado al Estado español en repetidas ocasiones desde el Consejo de Europa y desde el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Ley de Amnistía no puede desplegar efectos para impedir la investigación y enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura", recuerdan.

Esta iniciativa legislativa pretende "revertir una situación de impunidad incompatible con un Estado democrático", por lo que CEAQUA ha pedido apoyo a todos los grupos parlamentarios, "especialmente al grupo parlamentario socialista, para que esta iniciativa legislativa pueda continuar con su tramitación y su aprobación final en las Cortes Generales".

"La posición que adopte el Grupo Parlamentario Socialista en la votación de mañana decidirá finalmente el recorrido de la misma. Por ello, queremos recordar a los Diputados socialistas que esta iniciativa pretende dar cumplimiento a una demanda de justicia de personas y sus familiares que han sufrido graves violaciones de derechos humanos y el no otorgar dicho amparo supone infringir, una vez más, las normas más elementales y básicas que deben regir un Estado de Derecho".

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