El tema de las pensiones

El paisaje español está repleto de manifestaciones. Las instituciones a veces desaparecen, como es el caso de la Generalitat de Cataluña, pero los ciudadanos organizan sus paseos reivindicativos con más fe en los espectáculos callejeros que en los debates parlamentarios o las elecciones. Pintan pancartas ingeniosas, soportan la lluvia, se concentran y se disgregan sin grandes problemas de transporte, de manutención ni de vestuario, incitados por inductores diversos y convocatorias confusas y difusas. No dan la imagen de gente desesperada sino ingenuamente convencida de que la contabilidad de sus aglomeraciones humanas puede pesar más que la contabilidad de sus votos.

Hay manifestaciones para todos los gustos y causas merecedoras de beneplácito general. Algunas tan merecedoras como la celebrada en Barcelona para demandar sentido común, “seny” y realismo, o las de quienes piden que no se derogue una ley cuya desaparición solo beneficiaría a los reos de conductas criminales aberrantes. Otras de objetivos tan asumidos por la opinión como la igualdad de la mujer o la seguridad de las pensiones, que lo mismo se podían haber celebrado el año pasado que el año que viene, salvo que se analicen a fondo esas convocatorias que nadie lee, como la letra pequeña de las pólizas de seguros, y que es la que da origen a todos los disgustos cuando llega el siniestro que exige su aplicación en la práctica. Otras planteadas en términos comparativos como las equiparaciones de salarios de unos cuerpos policiales con otros, no basados en la justicia de las retribuciones sino en las consecuencias caóticas de la arbitrariedad de una función pública fragmentada.

La izquierda revolucionaria intenta capitalizar las movilizaciones callejeras en términos de malestar social cuando puede, sobre todo en situaciones penosas para sus objetivos como las que actualmente señalan las encuestas, las cuales, no obstante todas las muestras callejeras de discrepancia con el Gobierno, no les da ninguna esperanza de crecimiento electoral a sus opciones, estancadas cuando no desmedradas. La llamada a las barricadas de la izquierda no funciona porque aporta más inseguridad que solvencia y pronostica poner las cosas peor que como están. Por ello la agitación callejera es un tema que preocupa poco a los gobiernos porque saben su escaso impacto electoral ya que sus más exaltados promotores son parte de aquellas minorías malhumoradas y desorientadas que pierden sus votos en favor de populismos fuera del marco constitucional o en acciones irrelevantes, votos nulos y abstenciones inútiles.

Sin embargo hay un tema cuya carga expansiva es superior a las de las movilizaciones típicas del extremismo populista. Un tema que puede afectar al conjunto de los partidos políticos que llamamos con optimismo constitucionalistas por su potencia desestabilizadora del sistema de cuya racionalidad económica depende el sostenimiento de su continuidad. Este tema es la movilización de la inmensa comunidad de pensionistas que ha dado muestras de unas preocupaciones que afectan a su futuro más que al previsible desajuste actual en relación con el presente índice de precios al consumo. La prolongación de la esperanza de vida y la reducción de la natalidad están creando un horizonte de insostenibilidad que solo puede ser afrontado, con toda su problemática, desde el acuerdo de todas las formaciones con aspiraciones de gobernar o participar en el gobierno en las próximas décadas: el espíritu del Pacto de Toledo. No se puede confundir el problema de las pensiones con las algaradas coyunturales propias de la estrategia de los partidos políticos sin futuro. El tema de las pensiones es la cáscara que contiene la bomba atómica capaz de desestabilizar la arquitectura del sistema político y no solo del sistema de pensiones.

El actual gobierno ha cometido un grave error en el tratamiento de este problema. El error ha sido proponer un aumento irritante, por ridículo, del 0,25 de las pensiones. Podía haberlas congelado, como hizo un gobierno socialista, y razonar la necesidad de un acuerdo transversal previo con todos los partidos o la mayoría absoluta de ellos. Podía haber desarrollado una gran pedagogía social sobre el problema y haber sometido a consulta soluciones diversas sobre la futura orientación del problema. Lo único que no podía pensar es que una subida raquítica no tuviese respuesta indignada. Esa subida ha creado una hostilidad hacia el dador de una absurda propina como la que origina quien deja un céntimo sobre el platillo de una factura, destacando más que quien no deja nada más allá de lo reglamentario.

Lo peor es que, consciente del error, el gobierno está ofreciendo exenciones o correcciones de pensiones menores o de viudedad que, sin duda constituyen actos irrefutables de justicia pero que no parecen sino rectificaciones insuficientes para el nivel medio de pensionistas irritados que no son los reducidos a nivel de pobreza ni las viudas, a juzgar por el aspecto de los manifestantes, sino el inmenso grupo medio que constituye la masa de votantes moderados de este país. Los partidos con aspiraciones de gobierno tienen que asumir y tratar el problema de las pensiones con el espíritu del Pacto. No puede quedar una base social de esta envergadura a un concurso de rectificaciones o subidas improvisadas que siempre parecerán cortas a los demagogos y a los movilizadores callejeros. A nadie con pretensiones de gobierno le conviene hacer falsas promesas sin garantías de cumplimiento ni tampoco cargar con la antipatía de propuestas que siendo realistas parecerán mezquinas. Quien puede debe convocar al Pacto y, en el peor de los casos, dejar claro quiénes son aquellos que se niegan y porqué se niegan a buscar acuerdos de Estado en el tema de las pensiones de hoy y de mañana.