La comisión de expertos para la transición energética presentó ayer las conclusiones de su trabajo, que apunta a la fiscalidad como una de las herramientas clave "para el cumplimiento de los objetivos comprometidos por España con la Unión Europea en materia de cambio climático". En concreto, propone sustituir los impuestos actuales por otros que internacionalicen los daños medioambientales en el sentido de que "el que contamina paga".
En concreto, los expertos apuestan por un encarecimiento del gas del 5,8% y también de los derivados del petróleo, especialmente del gasóleo, que subiría un 28,6%, frente a un alza del 1,8% de la gasolina, a la vez que aboga por abaratar el precio de la electricidad en un 6,8% para el consumidor doméstico.
Según el informe, las alzas de los combustibles fósiles "son coherentes con la necesidad de electrificar la economía para avanzar hacia la descarbonización y son alcanzables a medio plazo de forma gradual". Además, sería necesario subir el IVA de todos los productos, lo que llevaría el tipo general del 21% actual hasta el 22,3%.
Los expertos apuestan por aplicar restricciones a estas medidas para, entre otras cosas, evitar los efectos negativos sobre colectivos sensibles, como los agricultores y los profesionales del transporte. También recomienda considerar la extensión de la protección a los consumidores vulnerables al conjunto de suministros energéticos de los hogares, a través de un bono social energético, pero financiado desde los Presupuestos Generales del Estado.
El documento propone también en materia fiscal sacar de la factura eléctrica los sobrecostes de las renovables y repartirlos entre todas las energías. También propone que todos los vectores energéticos financien las infraestructuras necesarias para satisfacer el consumo energético.
La comisión de expertos da por seguro que da aquí a 2030 el carbón desaparecerá del llamado mix eléctrico. El informe apunta a que el gas natural jugará un papel importante hasta 2030, pero su importancia se reducirá en 2050, año en el que la generación eléctrica girará exclusivamente en torno a instalaciones eólicas, hidráulicas, fotovoltaicas y el almacenamiento. El grupo de expertos es partidario de ampliar en diez años, de 40 a 50, la vida de las centrales nucleares. Esta medida evitaría que se dupliquen las emisiones de CO2 y que el precio de la electricidad se elevara en torno a un 20%, entre 2.000 y 3.000 millones al año.
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital es partidario de avanzar "de forma gradual" y con el mayor consenso social y político en la imposición medioambiental, aunque considera que los objetivos planteados en su informe por el grupo de expertos sobre transición energética son "muy ambiciosos". Fuentes del Ministerio, citadas por las agencias, explicaron que lo lógico es avanzar gradualmente en la aplicación de impuestos medioambientales para equiparar a España con otros países europeos, pero subrayaron que las propuestas del grupo de sabios tienen "implicaciones de todo tipo" que "hay que calibrar con cuidado".
Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) rechazó "de forma rotunda" la reforma fiscal planteada por el grupo de expertos y calificó de "brutal" la subida que propone en los impuestos a los carburantes.
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