El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, garantizó ayer que el nuevo Govern no podrá reabrir el consorcio de la Generalitat dedicado a la proyección internacional de Cataluña, el Diplocat, ni tampoco podrá "gastar dinero público con finalidades ilegales".
Si fuese necesario, añadió, se aplicaría de nuevo el artículo 155 de la Constitución, pero "focalizadamente, con una cirugía más fina". "No es el objetivo, pero no se puede descartar", añadió Millo.
El delegado del Gobierno destacó que el Diplocat tenía una importancia muy relevante porque respondía a un objetivo muy perverso, que era "internacionalizar el conflicto". El Gobierno de la Generalitat, dijo, pretendía "generar un conflicto suficientemente grande como para que, una vez se produjese la colisión con el Estado, tuviese una repercusión internacional", e invirtió "mucho dinero público" en un objetivo "fuera de la ley". "Quiero pensar que no volverá a haber la tentación en un nuevo Govern de emprender acciones en el mismo sentido. Pero si esto pasa, la reacción será exactamente la misma", concluyó Millo.
Respecto a la financiación del 1-O, por otra parte, 'La Vanguardia' reitera hoy que el Ministerio de Hacienda no ha corroborado la mayoría de las sospechas de la Guardia Civil. De hecho, añade, los informes remitidos por Cristóbal Montoro a los jueces no han dado lugar a ninguna denuncia.
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