Crónica de tribunales

Las sentencias judiciales son recurribles ante tribunales superiores, criticables por la opinión pública y comentadas por los medios informativos. Pero un ministro de Justicia no puede divagar sobre el funcionamiento independiente de los tribunales ofendiendo a un magistrado y criticando al Consejo General del Poder Judicial en relación con un voto particular que no afecta al carácter condenatorio de una sentencia. Nos referimos a la polémica sentencia conocida como de “la Manada” que no merece el nombre de manada de lobos sino de piara de cerdos. La inútil divagación del notario mayor del Reino alude a un pronunciamiento colateral de una sentencia mientras la opinión general no está conmocionada en torno a estos matices secundarios sino por la calificación entre abuso o violación de la víctima. Es decir, que el ministro se ha enfangado en un tema secundario sin significarse en el tema esencial. Se ha puesto en la tesitura de recibir tortas por los dos lados: de los tribunales ofendidos y del feminismo irritado. Las leyes pueden ser reformadas o actualizadas por las Cámaras legislativas. Son vías propias de las sociedades democráticas garantistas organizadas como Estado de Derecho que las distinguen de los populismos punitivos en los que la autoridad totalitaria resuelve drásticamente las acusaciones a gusto de los sanedrines y según la ira de la multitud congregada por ellos mismos en el atrio del pretorio, a cuya algarabía se otorga el rango de veredicto del pueblo.

Sin entrar en el fondo de la más polémica de las sentencias ni de otras decisiones judiciales con especial repercusión en la sensibilidad popular, resulta sospechosa la desigual reacción ante unos asuntos y no ante otros similares que afectan a la aplicación del Derecho Penal. Resulta incongruente la actitud de políticos que demandan simultáneamente el endurecimiento de la justicia para unos supuestos y lo rechazan para otros igualmente reprochables. La intensidad de las muestras de discrepancia con las interpretaciones del Derecho potenciadas por los medios informativos y multiplicadas por las redes sociales, no parecen inocentes desahogos de la ira popular ante delitos abominables sino la siembra de un rechazo antisistemático contra las normas legales y los tribunales legitimados para interpretarlas. La tensión de rechazo a la acción de la justicia por corta o por larga, con acompañamiento de pancartas simplistas y gesticulaciones teatrales es una presión latente contra la independencia judicial. Una independencia que es garantía de los Derechos Humanos y es el freno que pone coto al frente antisistemático y separatista que intenta destruir las instituciones de convivencia libre y estable de los españoles y someterlas a los caprichos de sanedrines ideológicos y rencores ancestrales mediante el intento de asalto al Estado de Derecho.

Señalar con el dedo a un juez ante la algarabía promovida en torno a una polémica sentencia es un acto intolerable en un miembro del Gobierno que se agrava especialmente cuando ostenta la cartera de Justicia. Es abrir una vía hacia la muerte de la justicia democrática aplastada por la injusticia demagógica. Este Gobierno está viviendo una temporada negra en la que un ministro da armas defensivas a los independentistas catalanes proclamando que no hay malversaciones de fondos en la Generalidad de Cataluña y otro levanta sospechas sobre la idoneidad de un magistrado cuyo voto le disgusta. Nada menos que los esenciales y emblemáticos ministros de Hacienda y Justicia dicen lo que no deben en los momentos más inoportunos, en perjuicio de la imagen del Gobierno a que pertenecen. En tiempo en que el partido del Gobierno está afrontando las consecuencias de una crisis bochornosa en la Comunidad de Madrid, el Gobierno de dicho partido se ve forzado a hacerse el sordo para fingir no oir el ruido que causan las torpezas verbales de sus propios ministros.

Solo la espera de la culminación del trámite de los Presupuestos Generales del Estado permite explicar cómo el presidente Rajoy, si pretende agotar la legislatura, no es consciente de que no puede hacerlo con estas compañías salvo que busque deliberadamente la catástrofe electoral. Es inadmisible que, en un tiempo en que la defensa de la nación frente al separatismo descansa en los tribunales, se agravie a los jueces desde el Poder Ejecutivo. Del mismo modo que resulta incongruente que desde el Gobierno se niegue la subida de pensiones que afectan a un sector donde predominan sus votantes para después hacerlo, por exigencia de un partido minoritario de ámbito territorial, en la penumbra de un intercambio de favores. Con este estilo no se puede ganar una batalla ni tan siguiera mantenerse en una línea defensiva digna.

La elocuente frialdad del Gobierno, que “respeta y acata” siempre la independencia judicial, convierte a Rafael Catalá en un comentarista imprudente y un ministro agónico. Las largas agonías políticas no son síntomas de estabilidad sino falta de reflejos. La separación del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial no se limita a que los tribunales sean respetados y acatados sino a que estos reciban los medios e instrumentos para su trabajo sin comentarios e intromisiones que enturbien las normales relaciones armónicas entre los poderes de un mismo Estado. Cuidar la independencia y la dotación de la justicia es, precisamente, la misión del departamento del mismo nombre. Sin correcta relación entre ambas partes o dimite el ministro o colapsa el ministerio.

Mientras suceden estos acontecimientos queda en libertad, tras cumplir los veinte años máximos de estancia en la cárcel permitidos por la legislación vigente en su caso, el violador en serie de La Verneda, sin síntomas de rehabilitación y con riesgo de reincidencia según Instituciones Penitenciarias y sin poder ser objeto de programas de libertad vigilada. Los políticos de la izquierda, tan solícitos para identificarse con las protestas contra la sentencia de “la Manada” no parecen cejar en su empeño de derogación de la prisión permanente revisable que podría evitar situaciones de delincuencia multiplicada. Un depredador sexual múltiple en la calle les conmociona menos que una manada en la cárcel con una condena en trámite de apelación.