El Defensor del Pueblo abre una investigación sobre la vulneración del derecho a la vivienda

El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación sobre el incumplimiento del Gobierno en materia del derecho a la vivienda. El caso se retrotrae al 20 de junio de 2017 cuando el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, órgano encargado de supervisar el cumplimiento de los estados de las obligaciones incluidas en Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), condenó a España por el grave incumplimiento de sus obligaciones en materia de vivienda a raíz del caso de una familia con dos menores que había solicitado una vivienda social hasta en 13 ocasiones y que finalmente fue desahuciada sin ofrecerle una vivienda alternativa. La familia acabó durmiendo en el coche.

Tras la condena a España diversas organizaciones crearon en septiembre de 2017 el Grupo de Monitoreo para el cumplimiento del Dictamen y plantearon una queja ante el Defensor del Pueblo. Las organizaciones denunciaban así la falta de medidas estatales sobre vulneraciones del derecho a la vivienda, en un contexto social de repunte de los desahucios derivados de alquiler y expulsión del acceso a la vivienda de miles de personas. Sólo en 2017 se han producido 57.996 desahucios en España.

Ahora, el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación considerando que el Gobierno no está prestando la debida consideración al dictamen del Comité ya que en su respuesta al Alto Comisionado de Naciones Unidas no valoró como merecía las recomendaciones que hizo a España. Entre ellas: reformar los procedimientos judiciales; mayor cooperación entre tribunales y servicios sociales; la obligación de asegurar alternativas habitacionales en caso de desahucio y la creación de un plan nacional para personas con escasos recursos... El Defensor del Pueblo dice que “la remisión de una respuesta de un folio parece indicar que no se ha dado a esta cuestión por parte de las autoridades españolas la importancia que este tema merece”.

Además también considera que se habría incumplido su obligación de dar a conocer y divulgar la decisión del Comité, puesto que tan solo se publicó en un número del Boletín del Ministerio de Justicia, sin ninguna otra forma de difusión. Como señala el propio Defensor del Pueblo, es necesario también publicar la decisión en el Boletín Oficial del Estado. Para el Grupo de Monitoreo esta obligación va más allá y es necesario que los profesionales de la judicatura reciban formación específica acerca del derecho a la vivienda y sus garantías en relación con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

Las organizaciones de la sociedad civil Amnistía Internacional, Arquitectura Sin Fronteras (ASF), Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), Federación Europea de Asociaciones Nacionales que trabajan con Personas sin hogar – FEANTSA- (representada por Cáritas Española), Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, Observatori DESC, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Sindicato de Inquilinos, han celebrado la decisión del Defensor del Pueblo al tiempo que han recordado que todas las recomendaciones del Comité eran demandas que vienen reclamando desde el inicio de la crisis.