El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descartó ayer que en la actual legislatura se pueda aprobar la reforma del sistema de financiación autonómica, porque, según señaló, no hay "tiempo material" para ello. Sánchez asumió en el Senado la imposibilidad de aprobar esa reforma en su primera comparecencia como jefe del Ejecutivo en una sesión de control parlamentario, que tuvo lugar en el Senado. Sánchez pidió al PP lealtad, sentido de Estado y que no alimente la confrontación territorial en Cataluña.
En respuesta a la senadora de Coalición Canaria María del Mar del Pino Julio, que le preguntó por los plazos del Gobierno para cumplir los compromisos de la agenda en su comunidad, Sánchez dijo que hay que ser "ambiciosos" con la financiación autonómica, pero también "realistas". Según el jefe del Ejecutivo, lo que sí hará el nuevo Gobierno será efectuar mejoras "en todas y cada una" de las comunidades a lo largo de los próximos meses, antes de la convocatoria de elecciones generales.
Sánchez insistió en pedir lealtad al PP, y que, aunque pueda ser adversario del PSOE, no sea adversario del Estado alimentado el agravio y la confrontación territorial a cuenta de Cataluña. Sánchez respondió así a otra pregunta planteada por el portavoz del grupo popular, José Manel Barreiro, sobre los apoyos parlamentarios con los que cuenta para promover la cohesión y la estabilidad. Sánchez lamentó que el PP intente suscitar algunas dudas sobre el PSOE y pretenda hacer creer que son los únicos que defienden la unidad de España. Frente a ello, pidió al primer partido de la oposición no volver a las "mesas petitorias" contra el Estatut.
Los diarios señalan que en la sesión de control al Senado participaron 14 de los 17 nuevos ministros, entre ellos, la titular de Justicia, Dolores Delgado, que, preguntada por la posible derogación de la prisión permanente revisable, dijo que el debate está ahora en el Tribunal Constitucional. Por otro lado, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, acusó al PP de cambiar de "hoja de ruta" sobre el control financiero de las cuentas de la Generalitat de Cataluña por "intereses partidistas".
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