El Gobierno intercede en Bélgica para que el juez Llarena no tenga que acudir a declarar mientras enarbola la separación de poderes

Esta semana, el presidente del Tribunal Supremo y presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, envió una misiva a los titulares de los ministerios de Justicia y Exteriores, Dolores Delgado y Josep Borrell, en los que les comunicaba que se había decidido no remitir al juez Pablo Llarena la demanda presentada en su contra por dirigentes independentistas procesados por un delito de rebelión que se encuentran en Bélgica entendiendo que era un artificio con el que cuestionar su labor en el juicio del procés secesionista. En esa carta, además, reclamaba a Moncloa que intercediera en defensa de Llarena para que no tuviera que declarar ante el tribunal belga.

El jueves, el ministro de Exteriores recogió el guante. "Hemos pedido a Bélgica que actúe, que tome parte", manifestó Borrell ante la decisión del tribunal belga que calificó de "sorprendente" por aceptar tramitar una demanda que sostenía que se vulneró el derecho de los independentistas a contar con "un juez imparcial y justo" y a la "presunción de inocencia".

"El Gobierno no puede decirle a los jueces lo que tienen que hacer, sí puede presentarse como parte del proceso", manifestó en 'Onda Cero' reclamando al gobierno de Charles Michel que se persone en el proceso.

¿Separación de poderes?

Una polémica decisión que contrasta con las tajantes declaraciones del Gobierno por los últimos acontecimientos que han tenido lugar en relación al procés -un tribunal de Alemania siguió los pasos de la justicia belga al rechazar que existiera un delito de rebelión en el caso de Carles Puigdemont- tanto por parte del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como de su número dos, Carmen Calvo, en defensa de la separación de poderes.

Preguntado por la prensa este jueves sobre si cree que se sostiene el delito de rebelión en la causa del procés, Pedro Sánchez responde: "Cuando era líder de la oposición y ahora como presidente del Gobierno siempre he mantenido la misma máxima: las resoluciones judiciales no se califican, se respetan. Y eso es lo que hace este Gobierno: respetar todas y cada una de las decisiones judiciales ya sea en España, Bélgica, Alemania... donde sea. Lo importante en términos de la justicia española es que aquellas personas involucradas en los hechos que ocurrieron en el último semestre del año 2017 tienen que ser juzgadas por parte de los tribunales españoles. Esto va a ocurrir. Y desde el punto de vista político, lo único que podemos hacer -y lo que creo que la sociedad española espera de su Gobierno- no es calificar las resoluciones judiciales, es respetarlas".

E insiste en esta idea de la neutralidad del Ejecutivo cuando fue preguntado por las supuestas promesas que Sánchez habría dado al president de la Generalitat, Quim Torra, en su reunión en la Moncloa:

"Nuestro país es un Estado social y democrático de derecho: al poder Ejecutivo lo que es del poder Ejecutivo y al poder judicial lo que es del poder judicial. Y desde luego nosotros en el ámbito del poder judicial no tenemos más que acatar lo que digan las sentencias y las resoluciones".

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— La Moncloa (@desdelamoncloa) 12 de julio de 2018

(Declaraciones a partir del minuto 15:30)

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, manifestó: "Así como no nos pronunciamos nunca sobre lo que acontece en la Justicia española, tampoco lo hacemos en lo que acontece en la Justicia de otro país como es Alemania y del que formamos parte conjunta en la Unión Europea".

- El presidente del Supremo pide al Gobierno que interceda para que el juez Llarena no tenga que comparecer ante un tribunal belga