El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, insta al Gobierno de Pedro Sánchez a impulsar las investigaciones sobre los casos de bebés robados, un drama que afecta a miles de personas en nuestro país. En su reunión con los responsables de Justicia, Interior, Trabajo y Fiscalía General del Estado, el Defensor del Pueblo ha planteado diversas reclamaciones, entre las que destacan, la creación de un banco de ADN nacional, pruebas genéticas gratuitas para las víctimas, justicia gratuita y la reorganización de la oficina de afectados por el robo de bebés.
Más de 300.000 niños fueron separados de sus familias de forma irregular en nuestro país entre 1938, cuando comenzó a realizarse esta práctica, y los años 90, según señala 'SOS Bebés Robados'. Esta práctica se realizaba en hospitales y clínicas de todo el país con el objetivo de vender a los recién nacidos a padres que lo registrarían como hijo biólogico sin serlo, mientras que en otras ocasiones, los padres adoptivos pensaban que el proceso había sido legal, sin serlo.
Desde hace más de 40 años, las víctimas del robo de bebés reclaman investigación y justicia para poder encontrar a sus familiares perdidos, o al menos demostrar que son víctimas de este drama. De las más de 30.000 denuncias presentadas, solo el caso de Inés Madrigal ha llegado a juicio, y lo ha hecho hace unas semanas en la Audiencia Provincial de Madrid con la declaración del único acusado, el doctor Eduardo Vela.
El juicio del caso de Inés Madrigal, que fue sustraída hace 49 años en la Clínica San Ramón de Madrid es ya una victoria para las asociaciones de víctimas del robo de bebés, aunque la declaración del ginecólogo Vela, de edad avanzada, estuvo marcada por el 'no sé' y 'no recuerdo'. Vela negó haber "dado ninguna niña a nadie" al tiempo que no reconoció su firma en el certificado de nacimiento de la denunciante, Inés Madrigal, una rúbrica que sí asumió como propia durante la instrucción.
Este juicio ha servido para dar un nuevo impulso a la lucha de las víctimas, por lo que el Defensor del Pueblo ha planteado al Gobierno de Pedro Sánchez una serie de reclamaciones para reparar el daño sufrido por miles de personas en nuestro país. Marugán se ha reunido con los responsables de Justicia, Interior, Trabajo y Seguridad Social así como de la Fiscalía General del Estado para trasladarles la necesidad de impulsar las investigaciones sobre los casos de bebés robados.
El Defensor plantea una serie de recomendaciones para agilizar los procesos de investigación, como la creación de un banco de ADN nacional y que la realización de las pruebas sea gratuita para las víctimas del tráfico de bebés robados. También destaca la concesión automática del derecho de justicia gratuita a las víctimas en los procedimientos judiciales que se inicien o se hayan iniciado, así como la reorganización de la oficina para los afectados para que, además de mantener las actuales funciones del servicio de información y recogida de datos, ofrezca un servicio de orientación jurídica para las víctimas y refuerce sus prestaciones.
La Institución recomienda a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, dependiente del Ministerio de Justicia, que se dirija a las autoridades eclesiásticas para que faciliten toda la información y documentación que pueda ayudar a las víctimas inmersas en procesos judiciales. A su juicio, aunque los archivos parroquiales no puedan ofrecer por sí solos información relevante, sus datos sí pueden ser cruzados con las inscripciones de nacimiento del Registro Civil.
También sería muy útil para las investigaciones que la Iglesia Católica facilite toda la información que tiene sobre las órdenes religiosas que atendían en los hospitales y que identifique a las personas que desempeñaban sus funciones en maternidades, hospitales, casas cuna, orfanatos, centros para madres solteras, etc. para cruzar dicha información con otras bases de datos de los archivos históricos y del Registro Civil.
El Defensor del Pueblo solicita a la Fiscalía General del Estado que informe sobre el estado de tramitación en el Tribunal Supremo del procedimiento sobre la unificación de doctrina en la prescripción de los casos de bebés robados. En el caso de que hubiese sido resuelto, la Institución quiere conocer la resolución adoptada y los efectos que ese fallo judicial tiene en los procedimientos pendientes y/o sobreseídos. El Defensor del Pueblo coincide con las asociaciones de víctimas en la necesidad de crear en la Fiscalía General una Sección especializada para estos casos.
En cuanto al Ministerio de Trabajo, el Defensor del Pueblo pide que verifique si tiene en su poder el archivo del antiguo Patronato de Protección a la Mujer y el archivo de la Obra de Protección de Mujeres. Ambos archivos podrían contener documentación de gran valor para las investigaciones de estos casos.
Por último, ha trasladado al Ministerio del Interior la queja de las víctimas sobre el "muro infranqueable" que supone para ellas la Ley de Protección de Datos en el curso de sus pesquisas. En este contexto, cree que sería razonable que se destinaran efectivos policiales especializados a la investigación de estos casos para que, en coordinación con las instancias judiciales, se pudiera avanzar en el esclarecimiento de los hechos, cruzando los datos de los distintos archivos y accediendo a información y documentación que les está vedada a las víctimas por ley.
El Defensor del pueblo ha tramitado más de 300 quejas desde 2011 de familias que esperan conocer el paradero de los recién nacidos sustraídos en centros hospitalarios y maternidades. También ha mantenido varias reuniones con la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y con asociaciones de víctimas.
En la última de esas reuniones, con representantes de la Asociación Nuevo Ágora, los afectados expusieron los obstáculos con los que se encuentran las víctimas de sustracción de niños recién nacidos para obtener información de la administración que les permita avanzar en las averiguaciones sobre sus orígenes biológicos.
Una de las mayores dificultades con las que se encuentran estas familias, que consideran insuficientes las medidas adoptadas hasta por las administraciones hasta el momento, es el acceso a los datos de archivos y registros de hospitales y maternidades, públicos y privados.
Si (
No(
