"Quiero transmitir a todos los miembros del PP la absoluta tranquilidad de que, por mi parte, hice todo correctamente y mi total colaboración no solo a comparecer en medios, sino a prestar cualquier información como he hecho en estos meses", dijo al comienzo de su intervención el presidente del partido. Casado insistió mucho en una idea: no hubo regalo alguno con este título del máster en Derecho Autonómico, impartido por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). "No se puede tratar de regalo algo que no se tiene, no es un título finalista", explicaba a la prensa, tras comparecer poco después de conocerse que la jueza Carmen Rodríguez Medel ha elevado al Tribunal Supremo para atender a su posible imputación, ya que ella no puede por ser el líder del PP diputado nacional y, por tanto, aforado. "No conocía a las personas que podrían haber dado ese regalo", añadió, para acabar sentenciando: "En ningún caso he recibido ningún regalo". Además, incluso sintió cierto alivio por este final de su caso: "Tras muchos meses de indefensión", dijo, cree que ahora el Supremo decidirá y podrá defenderse, ya que hasta ahora no ha podido más que responder a los medios. "Hice todo lo que se me pidió, y además he aportado toda la documentación al respecto a los medios de comunicación y a la opinión pública", recordó también en la rueda de prensa. Además, aseguró que colaborará en todo lo necesario con la Justicia para aclarar su caso, incluyendo aportar su ordenador personal. En todo caso, la prensa le recordó al presidente del PP que en el auto judicial de la jueza instructora aparece como "cooperador necesario" para el fraude cometido presuntamente por Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público que otorgaba el máster de la URJC. Casado se limitó a dejar claro su "respeto a la acción de los jueces" pero que no recibió ningún privilegio ni trato de favor. "Se ha acreditado que cualquier convalidación tenía que pasar por el Rectorado y la Comisión de Convalidaciones presidida por un ex vicerector. No se ha hecho nada que no se hiciera con otros alumnos", relató.
Por otra parte, preguntado por si el PP, con su normativa de ética en el comportamiento de sus miembros, le obliga a dimitir por esta elevación del caso al Supremo, Casado lo dejó claro: "No me he planteado dimitir, en absoluto". La jueza Rodríguez Medel imputaba la semana pasada a 3 compañeras de máster de Casado por las mismas irregularidades sobre su obtención en la URJC, aprencaindo "indicios de responsabilidad penal" en el caso del presidente del PP. Sus compañeras
Álvarez Conde, también imputado, y que se negó la semana pasada a prestar declaración a la juez, habría dado indicaciones a Cancio de cómo convalidar las asignaturas y que no era necesario que presentara trabajos. Los alumnos reales del máster no tuvieron esos privilegios y por eso se considera que estas alumnas, así como Casado, podrían haber recibido trato de favor, presuntamente, y así obtener un título de manera fraudulenta y consciente, colaborando en los hechos. Las otras dos alumnas imputadas son María Mateo Feito, hija de la ex asesora de la Consejería de Educación madrileña, María Teresa Feito, también imputada, y Alida Mas Taberner, que era subsecretaria de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana con Camps. Ambas estaban vinculadas de una manera u otra al PP. Las dos declararon a la juez que realizaron los trabajos para obtener sus calificaciones pero no los han aportado ni probado. Por su parte, Feito sí dijo haber acudido a clases y cursar el máster con normalidad, pero Taberner reconoció que se matriculó porque no hacía falta ir a clase, como le ocurrió a Casado o a Cifuentes. + 0 comentarios
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El pasado jueves 2 de agosto declaraba ante la juez María Dolores Cancio, quien reconoció que obtuvo el título sin hacer trabajos ni ir a clase. Cancio estaba vinculada al Instituto de Derecho Público hasta 2014, el cual dirigía Enrique Álvarez Conde, puesto en evidencia cada día más, y se le habría ofrecido por parte de éste cursar el máster y obtener así la posibilidad posterior de hacer el doctorado. El motivo era claro: el departamento de Álvarez Conde, el Instituto de Derecho Público, necesitaba justificar la presencia de alumnos para recibir subvenciones y becas.
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