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El Gobierno no se implicará en la defensa del juez Llarena en la demanda presentada en Bélgica

Juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena
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Juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena (Foto: Youtube)
viernes 24 de agosto de 2018, 08:12h

El Ministerio de Justicia no asumirá la defensa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena por la demanda civil presentada en Bélgica por Carles Puigdemont y los ex consellers Meritxel Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig, en la que le acusan de falta de imparcialidad por unas declaraciones realizadas en febrero, que consideran ofensivas para su "honor" y su "integridad política y moral" y que vulneran la presunción de inocencia.

El departamento que dirige Dolores Delgado asegura en su respuesta al requerimiento del Consejo General del Poder Judicial, que admitió el amparo solicitado por el juez y reclamó a los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores que adopten las "medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales de Bélgica", que no asumirá "en ningún caso la defensa del juez Llarena por los actos privados que se le atribuyen".

No obstante dice que se personará ante la Justicia belga "si, en el momento de admitir a trámite la demanda" la autoridad judicial belga "menciona entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal abierta en España" contra el expresident y los exconsellers o si se cuestiona la instrucción seguida en España en relación al proceso soberanista catalán.

De esta manera, el Gobierno deja abierta la puerta a defender la inmunidad jurisdiccional del Reino de España y su potestad soberana del ejercicio de la jurisdicción personándose en el caso como paso previo imprescindible para poder ejercer las acciones pertinentes, si fuese preciso, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya argumentando que los Estados extranjeros no pueden ser demandados ni sometidos a la jurisdicción de los tribunales de un determinado país.

La Ley 52/97 de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, y el Reglamento que la desarrolla, no prevé la intervención del Servicio Jurídico del Estado ante juzgados o tribunales ordinarios de países extranjeros. Por ello, si la evolución de la causa belga recomienda la personación del Estado español, el Ministerio de Justicia contratará un bufete privado que defienda su soberanía e inmunidad jurisdiccional.

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