Las palabras del juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo en las que se basa la denuncia del ex president Carles Puigdemont y otros ex consellers de la Generalitat para tratar de demostrar la falta de imparcialidad del magistrado se tradujeron al francés dando a entender que no respetaba el principio de presunción de inocencia. La defensa de Puigdemont no se responsabiliza de la polémica y ha asegurado que el error -atribuido al traductor jurado encargado de la versión francesa- será corregido.
Según publican varios medios como 'El Mundo' o 'La Vanguardia', la querella presentada en Bélgica por el ex president catalán Carles Puigdemont y 4 de sus ex consellers se basa en una acusación que sería "falsa", ya que pone en labios del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena palabras que no pronunció sobre los procesados. Es una traducción errónea que podría ser claramente malintencionada. Al parecer, un traductor hizo saltar las alarmas en Twitter.
El documento presentado en la Justicia belga sustituye en la traducción del castellano al francés un uso de un modo condicional verbal por una afirmación, que "implicaría que el magistrado vulneró su derecho a la presunción de inocencia". Sin embargo esto no fue así: el juez dijo sobre los presuntos actos delictivos de Pugidemont y sus ex consellers "si es que ha sido así", pero en la querella figura "sí, así ha sucedido". Es decir, cambia el adverbio condicional "si" por el afirmativo "sí". Una tilde que lo cambia todo.
La defensa de Puigdemont atribuye el error a un traductor jurado encargado de traducir al francés el texto original en castellano. Asimismo avanzó que el error será subsanado restando importancia al fondo del asunto. Sus abogados sostienen que no altera el contenido de la demanda contra el magistrado que continuará su curso.
La frase original fue ésta, registrada por cámaras y micrófonos:
"Un delito político son aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico-penal y que sin embargo, por una consideración política, estos comportamientos son perseguidos. No es el caso del Tribunal Supremo que estamos llevando en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que haya llevado a las personas a cometerlos, si es que eso ha sido así, pues tienen que se investigados".
Pugidemont acusa a Llarena de falta de neutralidad: "Los magistrados deberían tener la boca cerrada cuando hablan públicamente de causas que están instruyendo" y el juez está llamado ahora a declarar el 4 de septiembre, aunque no acudirá.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró ayer que la defensa del sistema judicial español "no es una cuestión privada, sino de Estado" y que "el Estado va a actuar en defensa de sus intereses y de su soberanía jurisdiccional". Así respondió esta madrugada en la conferencia de prensa desde Santiago de Chile a la pregunta de si el Gobierno había rectificado su posición inicial sobre la defensa del juez Llarena ante la demanda civil interpuesta en Bélgica por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro exconsellers.
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