Concordia y memoria histórica

Dos hechos recientes han vuelto a recordarnos que todavía perdura en la sociedad española un síndrome histórico que condiciona nuestra cultura política. El primero ha sido el anuncio del líder popular, Pablo Casado, de presentar en las Cortes una Ley de Concordia para sustituir la vigente Ley de Memoria Histórica. El segundo se ha referido al vídeo compuesto para iniciar la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución, donde se muestra a dos ancianos combatientes de ambos bandos en la batalla del Ebro, llamando a la reconciliación, y la posterior crítica que ha emitido Podemos afirmando que ese video no contempla todos los acuerdos que dieron lugar a la Ley de Memoria Histórica.

Regresa así la dificultad persistente de armonizar dos ideas claves: concordia y memoria histórica. En principio, todo pareciera que, en realidad, se trata de una cuestión de énfasis, de donde se pone el acento respecto de esos dos conceptos. Pero el asunto es algo más complejo. Refiere, por lo demás, a la relación entre la reconstrucción de la historia de un pasado dramático relativamente reciente y la lectura de nuestro presente democrático.

Desde luego, para Pablo Casado el énfasis debe estar puesto en la noción de concordia, más allá de la reconstrucción histórica que pueda realizarse sobre la Guerra Civil y la Dictadura. Es importante recordar que la idea de concordia preside la exposición de motivos de la Ley de Memoria Histórica, cuyos primeros párrafos rezan: “El espíritu de reconciliación y concordia, y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas, que guio la Transición, nos permitió dotarnos de una Constitución, la de 1978, que tradujo jurídicamente esa voluntad de reencuentro de los españoles, articulando un Estado social y democrático de derecho con clara vocación integradora”. Y el segundo párrafo agrega: “El espíritu de la Transición da sentido al modelo constitucional de convivencia más fecundo que hayamos disfrutado nunca y explica las diversas medidas y derechos que se han ido reconociendo, desde el origen mismo de todo el período democrático, en favor de las personas que, durante los decenios anteriores a la Constitución, sufrieron las consecuencias de la guerra civil y del régimen dictatorial que la sucedió”.

Pero después de este énfasis sobre la idea de concordia, el cuerpo de la Ley se inclina por acentuar los hechos sucedidos durante la Guerra y la Dictadura para buscar su reparación. Y es en esta idea de reparación que aparece el reclamo de Casado acerca de que la Ley de Memoria Histórica constituya algún tipo de revancha de los perdedores de la contienda. Algo que evidentemente dificultaría la concordia. Y en este contexto, cabría preguntarse si el reclamo de Podemos acerca del vídeo de los dos viejos combatientes del Ebro, muy ceñido a la idea de concordia, no tiene una cierta coincidencia argumental con el reclamo de Casado.

Parece pues que es la idea de reparación la que necesita ser examinada. La reconstrucción histórica ya ha evidenciado que durante la guerra civil hubo violación de derechos humanos, comenzando por el derecho a la vida, en los territorios de ambos bandos contendientes. Por tanto, es legítimo que el Estado tenga que reparar a las víctimas de los dos lados. Sin embargo, la Ley contempla también los hechos violatorios cometidos por la Dictadura que siguió a la guerra. Y el cargo de responsabilidad recae en este caso sobre el bando vencedor, especialmente durante la postguerra (los historiadores discuten sobre la cifra más mencionada de 150 mil muertes en este período).

Es decir, no debe parecer extraño, especialmente conforme se reconstruyen los hechos históricos, que haya una gran cantidad de personas y familias que reclamen reparación por lo sucedido sobre todo durante la Dictadura. Parece lógico pensar que el Partido Popular haya aceptado este supuesto cuando la Asamblea del Consejo de Europa estableció en 2006 la denuncia por las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975.

Esto es, si la reparación operaría para ambos bandos durante la Guerra Civil no sucede lo mismo con las víctimas de la Dictadura. Incluso puede afirmarse que en este caso la reparación es condición necesaria para una verdadera reconciliación y concordia. Sin embargo, para llevar a buen puerto este proceso complejo de reparación y concordia, la sociedad española actual necesita superar dos obstáculos.

Uno, que surge desde la derecha sociopolítica, refiere a la necesidad de aceptar que la concordia no sólo refiere a los hechos de la Guerra Civil, sino también a las violaciones cometidas por los vencedores durante la Dictadura. Esto supone complejizar el camino de la concordia, pero resulta una condición necesaria.

El otro obstáculo es de signo político opuesto. La cultura política española todavía está determinada por la negación del contrario. Un simple repaso de la sociología política electoral refleja que en España, como sucede en la mayoría de los países europeos, hay dos campos mayoritarios, compuestos por una orientación política conservadora y otra de signo progresista. Pero en otros países eso no les lleva a pensarse como rivales irreconciliables, en el seno de un sistema político pluralista y de Derecho. Pues bien, en el caso español la idea de que hay cosas graves que necesitan el consenso entre conservadores y progresistas es una rara avis. Un ejemplo palmario resulta la sucesión de reformas educativas de ida y vuelta, que sólo contribuyen a la disfunción del sistema educativo.

De esta forma, si la asignatura pendiente en la cultura conservadora consiste en aceptar la complejidad de la reparación como parte básica de la concordia, en la cultura política progresista esa asignatura refiere a la aceptación rigurosa de que existe una mitad de la población que tiene todo el derecho a pensar políticamente de forma conservadora y que hay que entenderse con ella. Eso también tiene consecuencias sobre nuestra visión histórica: resulta ya un hecho innegable que la sublevación militar del 36 tuvo detrás una gran cantidad de población española que rechazaba la revolución social propuesta por las principales formaciones de izquierda (socialistas, anarquistas y comunistas). El mito de que el golpe militar contra la República fue resultado de una rebelión militar sin apoyo social ya debe abandonarse. Más bien lo que se pone de manifiesto en esos tristes acontecimientos es la falta de cultura política democrática de ambos bandos, si bien el cargo de ruptura del orden constitucional le corresponde indudablemente a quienes dieron el golpe de Estado.

Lo lamentable es que esa tendencia a la negación del otro, sea conservador o progresista, siga presente en nuestra cultura política. De ahí nuestra incapacidad de lograr acuerdos ante las crisis o nuestro débil sentido de Estado. La reminiscencia de las dos Españas sigue induciendo al mantenimiento de dos medias verdades respecto de nuestro pasado. Algo que representa un pesado lastre para asentar definitivamente una concordia que no excluya la reparación necesaria.