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La Fiscalía se inclinaría a favor de mantener la acusación por rebelión con la mínima condena

sábado 13 de octubre de 2018, 18:08h
La Fiscalía sería favorable a mantener la acusación de un delito de rebelión para los líderes del ‘procés’. No obstante, estaría inclinándose hacia la menor petición de condena posible, 15 años de cárcel para los líderes frente al máximo que permite el tipo penal de 25 años.
La Fiscalía se inclinaría a favor de mantener la acusación por rebelión con la mínima condena
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(Foto: Junts Pel Sí)

La Fiscalía se pronunciará sobre la petición de condena para los encausados en el marco del ‘procés’ secesionista catalán una vez que se dicte la apertura del juicio oral en el Tribunal Supremo próximamente. No obstante, ‘El Periódico’ ya adelanta cual es su postura de partida.

Tal y como avanza dicho periódico, el ministerio fiscal sería favorable a mantener el delito de rebelión en su escrito de calificación como punto de partida -más adelante podría modificar su postura a tenor del desarrollo en el juicio-, pero solicitando la menor de las condenas previstas en el Código Penal.

El delito de rebelión abarca una horquilla de condenas de prisión para los líderes de entre 15 y 25 años y de 10 y 15 para los mandos intermedios.

Repercusiones políticas

De esta manera, se alejarían las pretensiones de los nacionalistas catalanes. Ya a finales de septiembre, el dirigente de ERC en el Congreso Joan Tardà advirtió al Gobierno de que sería casi imposible contar con su respaldo a los Presupuestos de 2019 si la Fiscalía no retiraba la acusación de rebelión en la causa del ‘procés’.

Asimismo, el conseller de Exteriores, Ernest Maragall, protagonizó un malentendido con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, por esas fechas en relación a la supuesta intención del Gobierno de dar instrucciones a la Fiscalía en este sentido. Un extremo que fue tajantemente desmentido por ambos horas después de publicarse, insistiendo en la independencia en la actuación de la Fiscalía.

Eso sí, Batet -al igual que haría después la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo,- manifestó su deseo de que existiera una situación política en la que no hubiera líderes catalanes en prisión preventiva.

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