El Tribunal Supremo confirmó ayer el cierre de la instrucción sobre el procés soberanista realizada por el juez Pablo Llarena y abrió juicio oral contra los 18 líderes independentistas procesados.
El Supremo juzgará por rebelión a los 9 líderes independentistas que están en prisión preventiva: el ex vicepresidente Oriol Junqueras, la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, los ex consejeros Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa, y los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Todos se sentarán también en el banquillo por malversación de caudales públicos. Asimismo, el alto tribunal abre juicio por desobediencia contra otros imputados.
No serán juzgados Carles Puigdemont, Toni Comin, Mertixell Serret, Clara Ponsatí, Lluis Puig, Marta Rovira y Anna Gabriel, declarados en rebeldía tras su fuga a países europeos.
El futuro penal de los imputados
El president de la Generalitat, Quim Torra, advirtió de que si la sentencia es condenatoria, los catalanes se enfrentarán a los fallos judiciales con "la fuerza y la determinación" que ya mostraron el 1-O. Para Torra, el proceso judicial ha sido "una farsa organizada por todos los poderes del Estado español para culpabilizar a unos políticos" que, a su juicio, lo único que hicieron es dar la voz a la ciudadanía.
Desde ERC, Sergi Sabrià calificó de "farsa" el juicio contra los líderes independentistas y negó que en España exista separación de poderes, por lo que instó al Gobierno a pasar de las palabras a los hechos y "acabar con esta vergüenza democrática".
Se intentará retirar los cargos de rebelión
Todos los diarios destacan en sus primeras la apertura del juicio oral por el 1-O, y se hacen eco de la decisión que adoptará la Abogacía del Estado respecto al delito de rebelión. Según ABC, "la Abogacía del Estado se centrará en la malversación". EL PAÍS titula: "El Gobierno, hermético ante la posición de la Abogacía del Estado sobre la rebelión". Por su parte, LA VANGUARDIA señala que "el Gobierno aboga por limitar el delito de rebelión".
LA RAZÓN resalta que "Moncloa eleva la presión al Supremo: 'No hay rebelión". Al respecto, EL MUNDO resalta que "el Tribunal Supremo estalla contra las presiones del Gobierno". Fuentes del Alto Tribunal, citadas por este diario, denuncian que las declaraciones sobre el delito de rebelión por parte del Gobierno "ponen en riesgo el Estado de derecho". ABC subraya que "La Moncloa insiste en que el delito de rebelión no encaja con el golpe separatista".
Los diarios reflejan las declaraciones realizadas ayer a Onda Cero por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo: "Lo que podemos llamar golpe de Estado requiere unos instrumentos de fuerza que en cualquier legislación están conectadas con las armas". La vicepresidenta abogó por adecuar las normas al momento actual.
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