La Abogacía del Estado, que depende del ministerio de Justicia, no acusa de rebelión a los 18 líderes independentistas procesados, sino que aprecia posibles delitos de sedición y malversación. Después de que el Gobierno de Pedro Sánchez se mostrase en contra de la imputación por rebelión a los líderes del 'procès', la Abogacía coincide en no apreciar el requisito de la violencia. Las penas de la Abogacía son sensiblemente inferiores a las reclamadas por la Fiscalía, siendo la máxima petición para Oriol Junqueras, de 12 años de cárcel, frente a los 25 que pide el Ministerio Público.
La Abogacía del Estado se aleja de la Fiscalía en su escrito de acusación a los líderes del 'procès', al no apreciar delito de rebelión, negando el empleo de la violencia. Además de sedición, el abogado del Estado acusa por malversación, pero aún así las penas son sensiblemente inferiores. Mientras pide 12 años de cárcel para el ex vicepresident Oriol Junqueras, y 11años y medio para los 5 ex consellers en prisión provisional: Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, y Dolors Bassa.
Mientras la Fiscalía pide 17 años de cárcel para la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell y los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, la Abogacía del Estado, que les acusa por sedición, considera que su papel fue menos relevante que el del Govern, por lo que solitica 10 años de prisión para Forcadell y 8 años para 'Los Jordis'.
En las últimas semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su vicepresidenta, Carmen Calvo, habían sugerido que no estaban de acuerdo con la imputación de rebelión a los líderes del procés porque en su caso no había habido violencia. Aunque desde el Gobierno se ha asegurado que la Abogacía del Estado tenía manos libres para actuar, el diario 'El País' asegura que la decisión se tomó el pasado lunes en una reunión celebrada en La Moncloa en la que estuvieron presentes Pedro Sánchez y sus colaboradores más cercanos.
Desde la oposición acusaron anoche al Ejecutivo de ceder a las presiones de sus socios independentistas. "Es indecente que el Gobierno humille a España forzando a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la Fiscalía", escribió el presidente del PP, Pablo Casado, en su cuenta de Twitter. "Sánchez está inhabilitado para seguir al frente del Gobierno y debe convocar elecciones ya", añadió el líder de la oposición.
En la misma línea, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, calificó de "inmoral" la actitud de Sánchez. "En 48h Sánchez confirma lo que muchos españoles nos temíamos: está utilizando el poder ejecutivo para beneficiar a los que dieron un golpe contra nuestra democracia y lo hará para indultarles si les condenan los tribunales. Impunidad a cambio de apoyo: Inmoral", escribió en Twitter.
Cientos de personas -unas 15.000, según los organizadores- asistieron ayer al acto organizado a las puertas de la prisión de Lledoners (Barcelona) para reclamar la puesta en libertad de los líderes independentistas, cuando se cumple un año de su ingreso en prisión. El acto contó con la presencia del presidente del Parlament, Roger Torrent, y el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que calificaron de "farsa" la causa del 1-O y aseguraron que el independentismo solo aceptará la "absolución" de los encausados. También se leyeron cartas de algunos de los encarcelados, entre ellas la de Oriol Junqueras, que dice que su año en prisión puede acabar siendo útil para que "el mundo abra los ojos y se dé cuenta del tipo de Estado al cual se enfrenta". "La prisión será su peor decisión, porque será su derrota", afirma el líder de ERC en su misiva.
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