Todas las reacciones a las acusaciones contra los líderes del 'procès': del Govern a Moncloa

Oleada de reacciones ante los escritos de acusación de la Fiscalía del Tribunal Supremo y la Abogacía del Estado contra los líderes del 'procès'. Por un lado, los partidos de derecha, PP y C's han cargado contra la decisión de la Abogacía, dependiente del Ministerio de Justicia, por solo apreciar un posible delito de sedición, y no de rebelión, como la Fiscalía. Un criterio del que responsabilizan al Gobierno y que censuran como "pago" a los independentistas. En el lado de los partidos soberanistas critican, por su parte, las peticiones de condena de la Fiscalía, en lo que consideran una "venganza contra la sociedad catalana", pero también niegan gesto alguno en la Abogacía, que pide unas penas sensiblemente inferiores.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "cómplice de la represión". Aún más crítico ha sido el presidente del Parlament, Roger Torrent quien ha tachado de "venganza" el escrito de la Fiscalía, que considera que va contra "la sociedad catalana". Ambos han insistido en que convocar un referéndum "no es delito" y consideran que las acusaciones son contrarias a los "derechos fundamentales".

Mientras los líderes soberanistas procesados insisten en que ninguna acusación logrará frenar sus convencimientos políticos, ERC y JxCAT llaman a recuperar el "espíritu del 3 de octubre", cuando el soberanismo convocó una huelga general en Cataluña por el encarcelamiento de políticos.

Podemos también se ha posicionado en contra de las acusaciones de la Abogacía y la Fiscalía, defendiendo una "respuesta política al conflicto político" y asegurando que "la ley no es igual para todos", al tiempo que tachan de desproporcionadas las peticiones de cárcel.

Desde Moncloa, la ministra de Justicia ha salido al paso de las críticas asegurando que "la Abogacía ha actuado con criterios de profesionalidad, y criterios técnico-jurídicos sobre lo que ocurrió en Cataluña entre septiembre y octubre de 2017. Este debate en torno a la rebelión o la sedición se ha trasladado a la Abogacía, que analizando los hechos, ha concluido en estos 3 delitos (sedición, malversación y desobediencia grave). Este es el punto de partida para el procedimiento judicial, ya que se abre la puerta del juicio oral y se practicarán las pruebas; ahora estamos en un momento provisional".

Delgado ha negado que la petición de la Abogacía forme parte de un gesto del Gobierno a los independentistas para lograr su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, aunque desde ERC ya han dejado claro que votarán en contra, y rechazan incluso sentarse a negociar con el Ejecutivo. Aunque sí ha reconocido el debate que existe en el mundo de la judicatura respecto a la tipificación como rebelión o sedición de los hechos ocurridos antes y después del referéndum soberanista del 1-O.