El Supremo rechaza paralizar la exhumación de Franco y da la razón al Gobierno

El Tribunal Supremo se ha pronunciado este lunes sobre el intento de paralización de la exhumación de los restos mortales de Franco por parte de la familia del dictador. Y su fallo ha sido que está a favor de continuar con el proceso. En concreto, se ha pronunciado la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, formada por 6 magistrados y presidida por el juez conservador Jorge Rodríguez-Zapata.

"La medida cautelar solicitada debe ser denegada porque el acuerdo recurrido no justifica por sí mismo la exhumación de los restos de don Francisco Franco Bahamonde ni produce una situación irreversible que haga perder su finalidad al recurso", explica el Tribunal. Y añade en una nota oficial al respecto: "La exhumación, en cuestión, solamente podrá producirse en virtud del acuerdo que en su momento pueda adoptar motivadamente el Consejo de Ministros y ese acuerdo, susceptible desde luego de ser objeto de recurso ante esta Sala, no podrá ser ejecutado sin que previamente los recurrentes hayan podido refrendarlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar, y esta Sala se haya pronunciado al respecto (STEDH 20 de septiembre de 2018 ---demandas 30491/17 y 31083/17 Solska y Rybycka contra Polonia)".

El Supremo no acepta medidas cautelares contra la exhumación, considerando que no procede paralizar los trámites acordados el 8 de noviembre por el Consejo de Ministros, coincidiendo así con la argumentación de la Abogacía del Estado.

La familia de Franco ya propuso hace meses que, en el caso de ser exhumado, el dictador fuese enterrado en la catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid. Los familiares consideran que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez "vulnera" sus derechos con un decreto "inconstitucional", al tiempo que sostienen el Ejecutivo no tiene competencias sobre la Basílica del Valle de los Caídos.

La familia expone 12 alegaciones contra el Real Decreto del Gobierno, en las que hablan de "profanación", tachan de "deficiente" el proceso del Ejecutivo, y señalan la ausencia de competencias al respecto. En primer lugar, considera "inconstitucional" el decreto del Gobierno, al carecer, a su juicio de los requisitos de "extraordinaria y urgente necesidad".

La familia del dictador defiende que son los únicos "que pueden disponer del destino del cadáver", por lo que consideran vulnerado su derecho a la intimidad en la exhumación, así como el derecho a la libertad religiosa. "El Gobierno y la Administración General del Estado carecen absolutamente de jurisdicción en el interior de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos", según señalan apelando al Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos entre España y la Santa Sede, de 1979.