Aunque era una exigencia de Unidos Podemos, sus socios de la moción de censura, el Gobierno del PSOE se ha negado a que los ayuntamientos puedan fijar máximos a los precios del alquiler, como se pedía desde la izquierda. La razón no es otra que la dura presión por parte de inversionistas extranjeros, que amenazaban con dejar nuestro país.
Es algo que ya adelantó 'El Confidencial Digital' el pasado día 19, apuntando que la ministra de Economía, Nadia Calviño, se negaba a esta medida apoyada por José Luis Ábalos, ministro de Fomento y Secretario de Organización del PSOE. Ábalos quería introducir a debate en el Consejo de Ministros esta medida solicitada por grupos de izquierda como Podemos, ya que en grandes capitales como Madrid y Barcelona la subida del precio del alquiler ya es un problema social muy grave.
Calviño se negó, según adelantó 'El Confidencial Digital' alertando sobre una inminente fuga masiva de grandes fondos de inversión internacionales. Una semana después, el diario 'El Mundo' ofrece nuevas pistas sobre esta negativa de Calviño. "Blackstone, que con más de 23.000 millones es el mayor inversor en España, llegó a advertir en público el pasado mes de noviembre a la ministra Nadia Calviño sobre una retirada de inversiones si se aprobaba el control de precios", asegura este rotativo.
Unidos Podemos se sale entonces del acuerdo porque sostiene que si no se permite intervenir los precios de mercados de alquiler por parte de los ayuntamientos, no tiene sentido para ellos. La nueva ley de Vivienda aprobada dejó este punto en el tintero, y parece que no saldrá adelante. Sólo se cambiaron los 3 años de finalización de los contratos por los 5 anteriores al Gobierno Rajoy. También se pusieron límites a las fianzas que deben aportar los inquilinos, así como nuevas medidas para regular el mercado de los pisos turísticos.
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