La más celebrada anécdota de la temporada terminal del 2018 ha sido el grito de un Mozo de Escuadra ante un alborotador en Barcelona de que “la República no existe”. No por los improperios que la acompañaron, tan oportunamente grabados por las cámaras de video y sonido de quienes alteraban el orden público, sino por su esencial contundencia capaz de suplir todos los silencios cobardes del presidente Pedro Sánchez ante las pretensiones numeradas de negociaciones absurdas presentadas por Quim Torra en nombre de sí mismo o, como mucho en nombre de una facción del partido que encabeza por delegación del huido Puigdemont. La República Catalana ni existe ni ha existido nunca ni se puede considerar sujeto de diálogo en ningún encuentro entre una autonomía y el Gobierno. Solo es un producto imaginario de unos políticos locales afectados de megalomanía.
No tiene entidad histórica la tal República Catalana pero, curiosamente, tampoco la República Española la I, de menos de un año de ficción, no llegó a tener una Constitución propia y sus cuatro presidentes no llegaron a adquirir la solvencia de auténticos Jefes de Estado. Que se titule como tal un episodio de desgobierno no quiere decir que tal farfulla pueda inscribirse en el capítulo de las instituciones que conforman la personalidad colectiva de una nación. Las sublevaciones cantonalistas que proliferaron con pretensiones de soberanías locales fueron el síntoma de la ineficacia en el control del territorio que define la existencia de una forma de Estado. La reacción vital para una convivencia estable tuvo que presentarse en base a esas realidades imprescindibles y directas que son el pueblo y el Ejército. La República no pasó de ser un experimento sin calado social. No existió como arquitectura política.
La II fue la ocupación alborozada de las instituciones públicas por abandono de quienes tenían el deber de defenderlas o, cuando menos, promover su recambio por procedimientos inclusivos, de ley a ley. Los ocupantes no convocaron a la convivencia a todos los españoles sino que trazaron un cordón excluyente entre los auténticamente republicanos y los sospechosos de antirepublicanismo. Aun así, solo pasó un par de años para que unas elecciones repusiesen a las mayorías moderadas y conservadoras en las instituciones republicanas. Los ocupantes iniciales no consideraron legítima la alternancia en el poder y calificaron como “bienio negro” a aquella etapa que fue la única pausa en que las instituciones públicas actuaron como órganos de la autoridad del Estado. Los ataques contra la unidad nacional y la seguridad jurídica fueron contenidos hasta que una dudosa disolución parlamentaria y discutida destitución del presidente de la República dio paso a un frente populismo que excluyó de legitimidad a todo lo opuesto a un izquierdismo marxsistizante o ácrata. La rebelión frente al caos fue contestada tras la dimisión de Casares Quiroga como último presidente del Consejo de Ministros, con la renuncia a la efectividad del control del orden público con la entrega de las armas del Estado a la izquierda partidaria y sindical. Desde entonces, Guerra Civil y posterior reconstrucción autoritaria y personalista del Estado hasta la iniciación de las aperturas hacia procesos democratizantes. La II República había sido otra fantasmagoría macabra.
Estos hechos debieran comprenderlo quienes agitan banderitas con franja morada en sus actos públicos. Contar numeralmente en términos futuribles de III República es anclarse en antecedentes frustrados y propugnar otro fracaso. Como dijo el Mozo de Escuadra, la República no existe. Como edificio institucional estabilizado no existió nunca. Es como un Papa Noel al que escribir cartas fantásticas gentes tan ilusorias como
Quim Torra. La cosa pública más estable y democrática de la historia contemporánea de España es la monarquía constitucional vigente. En los ciclos seculares de la historia no pesan las sombras efímeras del pasado o del futuro sino los puentes reales de piedra institucional sobre los que discurre el camino de las naciones.
Si (
No(
