El juez de la Audiencia Nacional que investiga los negocios ilegales del comisario jubilado José Manuel Villarejo ha enviado requerimientos a empresas de telecomunicaciones, bancos y la Agencia Tributaria para identificar a las personas que pudieron suministrarle datos confidenciales de sus clientes, según informa EL PAÍS.
El diario señala que la Audiencia rastrea declaraciones de la renta, movimientos de cuentas bancarias y registros de llamadas, ya que este tipo de datos eran clave en el modus operandi de Villarejo. Según EL PAÍS, Villarejo pudo comprometer la seguridad del Estado con la supuesta interceptación de comunicaciones al entonces jefe de la Oficina Económica de La Moncloa, Miguel Sebastián, y a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, dijo ayer que "el Ministerio correspondiente" está analizando dichas conversaciones, y que el resultado se conocerá "en breve".
EL ECONOMISTA informa que el inicio de las investigaciones sobre los pagos de BBVA al excomisario Villarejo coincidió con la salida del banco de Julio Corrochano, el responsable de Seguridad Corporativa del grupo financiero. Por su parte, ABC dice que "la guerra sucia de BBVA señala a FG y delata la trama del PSOE contra el banquero".
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