El Congreso ha derogado el Real Decreto-ley 21/2018 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler del Gobierno de Pedro Sánchez, debido al rechazo de Unidos Podemos, al que se han sumado el PP, Cs, ERC, UPN, EH Bildu y Foro Asturias. En lo que supone el primer varapalo al Ejecutivo en este sentido, se ha tumbado este decreto que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de diciembre.
Los votos favorables del PSOE, PDeCAT, PNV, Compromís, Coalición Canaria y Nueva Canarias no han sido suficientes para lograr la convalidación del conocido como decreto de alquileres del Gobierno de Pedro Sánchez. El Congreso ha acordado así la derogación de dicho decreto, ya que para los 'populares' no soluciona el problema de la vivienda, y Unidos Podemos lo rechaza porque no fija límites a los precios del alquiler, tal y como acordaron en octubre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Si bien no establece límites a los precios, el decreto fijaba en cinco años la duración mínima de los contratos, que ahora volverá a ser de tres años, conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013. El Gobierno ha defendido que supone un primer paso en materia de medidas urgentes relacionadas con la vivienda.
Así lo ha manifestado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha definido como su decreto ley de alquileres como la "primera respuesta" del Gobierno para actuar contra la falta de acceso de vivienda en el país, y que continuará con el impulso de una nueva Ley estatal de vivienda, "la primera de la democracia", según ha destacado. En la misma línea, el Gobierno presionó esta semana al Instituto Nacional de Estadística (INE) para desarrollar una estadística oficial que permita controlar la evolución real de los precios del alquiler.
Sin embargo, Unidos Podemos considera insuficientes estos pasos, y han votado en contra, junto al PP, Cs, ERC, UPN,
EH Bildu y Foro Asturias. Se trata del primer decreto del Gobierno de Pedro Sánchez que no logra ser aprobado, y también ha sido el único de los 8 presentados que no ha conseguido salir adelante.
Además de contemplar una duración mínima de 5 años en los contratos de alquiler, el decreto tambien fijaba un máximo de dos mensualidades como fianza, y establecía que los gastos de gestión inmobiliaria y la formalización del contrato recayeran en el arrendador en caso de tratarse de una persona jurídica. Ahora, los dueños de los pisos podrán seguir pidiendo avales o depósitos bancarios además de la fianza.
También apostaba por poner coto a los alquileres turísticos, permitiendo a las comunidades de vecinos adoptar acuerdos para condicionar o limitar las viviendas turísticas.
Aunque el decreto queda derogado, aquellos contratos que se firmaron entre el 18 de diciembre y el 22 de enero, los 35 días de vigencia del decreto, se les aplica esa norma.
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