Portazo del Gobierno madrileño a los taxistas: "Han incrementado su radicalidad"

Ni puertas ni ventanas. Ya no queda ni una rendija abierta por la que pueda volver a recuperarse la negociación entre taxistas y el Gobierno autonómico. El presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, ha insistido este miércoles en que no legislará "para terminar con el sector de los VTC (Vehículos de Transporte con Conductor)", una cuestión que, a su parecer, es la única finalidad de los huelguistas.

"Han incrementado su radicalidad", ha opinado en una rueda de prensa convocada tras recibir las propuestas de las asociaciones y en la que estuvo acompañado por su número dos, Pedro Rollán, y por la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo. Para él, solicitar que el tiempo mínimo con el que un cliente puede contratar a Uber o Cabify sea de 60 minutos y, además, el coche deba estar a un radio mínimo de 5 kilómetros, supone "hacer desaparecer" a ambas empresas. "Eso haría inviable la prestación del servicio en las ciudades de la comunidad", manifestó y lamentó que "lejos de pretender la armonización entre los dos sectores", los taxistas hayan incrementado aún más las exigencias que propusieron al inicio de las negociaciones. "Exigen un mayor tiempo de contratación que el impuesto en Cataluña (15 minutos)", constató sorprendido.

En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo se cerró en banda en lo que a la precontratación se refiere. Ni 60 minutos ni ninguna otra cifra espacio-temporal. "Yo no voy a legislar para acabar con el sector del VTC", insistió Garrido. Y expuso tres motivos para no hacerlo: "Es un servicio que valoran positivamente todos los madrileños; las reclamaciones de las empresas comprometerían las cuentas de la Comunidad y el bolsillo de los madrileños porque tendríamos que pagar indemnizaciones; y, sobre todo, porque creemos en la libertad de elección de los usuarios y en la libre competencia como estímulo de mejora de cualquier servicio", argumentó.

Harto de un conflicto que ya dura 10 días sin que se encuentre "ningún punto de acuerdo", Garrido ha dado un portazo que parece definitivo. Es más, aunque se ha comprometido a reformar el Reglamento de los taxistas, ha decidido dejar el tema en manos tanto del Ayuntamiento de la capital como del Gobierno de Pedro Sánchez.

A Manuela Carmena le pidió que, "tras cuatro años de inacción", trabaje con el sector del taxi para modificar la ordenanza correspondiente y haga al sector más competitivo. En cuanto al Ejecutivo central, fueron tanto el delegado de Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes, como el titular de Fomento, José Luis Ábalos, quienes recibieron los dardos del presidente de la Comunidad. Al primero le criticó su "dejación de funciones" en lo que al control de las manifestaciones se refiere. Al segundo, por haberse desentendido de la polémica al transferir a las Comunidades las competencias al respecto.

"Ahora le toca al ministro más irresponsable dar la cara", sentenció Garrido con respecto a Ábalos. "Se ha lavado las manos, como Pilatos, pero tras estar desaparecido estos días, mañana tendrá que escuchar cómo los grupos parlamentarios le proponen una norma nacional para equipar a ambos sectores", aplaudió refiriéndose a la comparecencia que el ministro realizará mañana en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados. "Nosotros queremos devolverle una competencia que es suya", zanjó.

Mientras tanto, el Ejecutivo autonómico se ha erigido como el altavoz de aquellos taxistas "que ni votaron la huelga ni quieren seguir en ella". Así, abogó por "terminar la campaña de desprestigio" que está recibiendo el sector por culpa, dijo Garrido, "de quienes se han erigido como sus representantes" y por el fin de la huelga. "Los taxistas quieren volver a trabajar", aseguró. Sólo minutos después de finalizar la rueda de prensa, los taxistas volvieron a llenar la plaza para responder al presidente con una sonora pitada.