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Pablo Casado e Isabel Celaá
Pablo Casado e Isabel Celaá (Foto: PP / Moncloa)

El Gobierno advierte a Torra de que no debe traspasar la "raya de la desobediencia" y el PP vuelve a reclamar el 155

miércoles 20 de marzo de 2019, 11:23h
La decisión del Govern de mantener los lazos amarillos en los edificios de la Generalitat pese a la orden de retirarlos de la Junta Electoral Central ha llevado al Gobierno a lanzar una advertencia al president Quim Torra para que no traspase la "raya de la desobediencia" y al PP a reclamar la vuelta inmediata a la aplicación del artículo 155.

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, ha advertido al president de la Generalitat, Quim Torra, de las consecuencias que puede tener su decisión de mantener los lazos amarillos en favor de los políticos catalanes presos acusados de rebelión en contra de la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) con la excusa de querer esperar a un informe del Defensor del Pueblo catalán, cuyas conclusiones asegura que acatará.

La portavoz del ejecutivo aseguró en una entrevista a RNE que Torra ha mantenido hasta ahora una "retórica, muy molesta y a veces inaceptable", pero la diferencia es que ahora se plantea traspasar la "raya de la desobediencia".

No obstante, Celaá defendió que sea la JEC la que resuelva este asunto imponiendo una sanción o dando traslado a la Fiscalía a su criterio.

En cambio, el presidente del PP, Pablo Casado, considera que el Gobierno ya debería haber aplicado hace tiempo el artículo 155 de la Constitución para volver a intervenir las instituciones catalanas y con la negativa de Torra a retirar los lazos amarillos no ha hecho más que reafirmar su posición.

“Torra no puede tener lazos amarillos porque lo dice la Junta Electoral. España es un país autonómico, no un reino de taifas”, defendió Casado en Antena 3.

El líder popular aseguró que “el 155 no es opresor, es liberador” y que en Cataluña “se tiene que poner orden para que acabemos con esta pesadilla”.

Por otro lado, Casado abogó por la ilegalización de la CUP tras el ataque a la sede del PPC en Barcelona, reivindicado por las juventudes cuperas, y aseguró que la formación “es ilegalizable según la ley”. Además, propuso quitar subvenciones públicas a aquellos partidos que les apoyen.

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