Brexit: ¿12 de abril de 2019? La salida desordenada

Aunque la Unión Europea conocía sobradamente que las mayores dificultades para su construcción jurídica y económica procedían del egoísmo de Gran Bretaña a quien solo le interesaba el Mercado Único, no parece que el artículo 50 del Tratado de la Unión, que hace posible la retirada ordenada de un Estado miembro, se hizo pensando en este socio tan difícil.

Sir John Kerr, un británico europeísta que recibió el encargo de redactar aquel artículo que pasó a la fallida Constitución para Europa y de allí, a través del Tratado de Lisboa, al artículo 50 del Tratado de la Unión, manifestaría que el referido artículo se hizo “pensando que nunca haría falta que nadie saliera por la puerta de atrás de la UE, o imaginando en todo caso que sería la opción de emergencia de un país en bancarrota o de un líder nacionalista o un dictador tras un golpe de Estado”.

El Tratado de Lisboa dejaría absolutamente clara una fecha a partir de la cual el Estado que lo solicitase debería abandonar la Unión: “Los Tratados dejarán de aplicarse al Estado de que se trate a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación a que se refiere el apartado 2, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo”. Reino Unido invocó este artículo, presentando la notificación de su intención de salir de la Unión Europea, el 29 de marzo de 2017 y, consecuentemente, el plazo vencería a los dos años.

Parece claro que la Unión Europea entendió bien el modo con el que debía proceder y, con una enorme paciencia, realizó dos instrumentos, un Tratado de Salida y un Acuerdo Político. Con el primero, se cubría en sus aspectos esenciales: los derechos de los ciudadanos, las obligaciones económicas británicas con respecto a la Unión y, muy singularmente, la situación con respecto a la frontera de Irlanda, dado que parece imposible imponer a estas alturas una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda; precisamente la cuestión que ha hecho saltar por los aires finalmente la posible aprobación del Tratado de Salida por el Parlamento Británico.

Los protagonistas europeos –haciendo especial mención a Michel Barnier, Jean Claude Juncker, Donald Tusk y Guy Verhofstadt, por señalar al negociador y a los dirigentes de las instituciones- han salvado brillantemente su gestión pero no puede decirse lo mismo de los negociadores ingleses –con Theresa May a la cabeza- y el Parlamento Británico. Mientras se acerca el fatídico 29 de marzo, todo lo que ha sucedido en los últimos 100 días parece un despropósito.

El 15 de enero de 2019 los diputados rechazaron por una amplia diferencia de 230 votos, el acuerdo sobre el 'Brexit' que May había sellado con la Unión Europea en noviembre. El cálculo de Theresa May era erróneo, al aceptar un Tratado Brexit a cambio de una Declaración Política que dejaba el camino abierto a un ventajoso Tratado Comercial. La Unión Europea colocaba de este modo la zanahoria que May cogía, pero que el Parlamento británico rechazaría por entender que la llamada salvaguarda de Irlanda del Norte suponía una atadura que no era digestible para los legisladores británicos. Paralelamente, el Parlamento aceptaría una propuesta según la cual el gobierno británico no podría salir de forma abrupta.

La Primera Ministra británica seguía en su estrategia basada en los tiempos, entendiendo que, a medida que se acercaba la fecha señalada, sería más fácil conseguir su objetivo. En un intento de vestir de otra manera el Acuerdo de Retirada, lograba el 11 de marzo en Estrasburgo, dos documentos que facilitaban la interpretación del Acuerdo de Retirada y la Declaración Política y de este modo el 12 de marzo de 2019 volvería a someter al Parlamento Británico el Acuerdo de Retirada, cosechando un nuevo fracaso: 391 votos en contra y 242 votos a favor.

A partir de entonces, quedaba una líder británica que reprochaba el bloqueo a los diputados y un Parlamento Británico que debería decidir sobre un escenario en el que se planteaban entre otras hipótesis: cancelar el divorcio, retirando la solicitud de salida; un segundo referéndum, en el marco de un liderazgo debilitado que hacía posible una dimisión de Theresa May o un adelanto electoral.

La Primera Ministra continuaría en su propósito de jugar con el Dios Cronos, para colocar al Parlamento ante la espada y la pared, esperando que la Unión Europea mantuviera un cierto apoyo a su estrategia, pero para su sorpresa esta posibilidad se ha desvanecido ante la última posición del Parlamento británico y del Consejo Europeo. El Presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, advertía el 18 de marzo que el Gobierno no podía volver a someter a votación el Acuerdo Brexit si la propuesta era sustancialmente la misma. Declaración que causaría estupor de la Primera Ministra, llegándose a afirmar desde el gobierno que el Presidente de los Comunes había abierto una crisis constitucional en el Reino Unido.

Por su parte, la Unión Europea, con todas las armas en su mano, después de haber recibido una carta remitida por la Primera Ministra, Theresa May, con fecha de 20 de marzo de 2019 en la que solicitaba a la Unión Europea un aplazamiento hasta el 30 de junio, afrontaba la situación en el Consejo Europeo de 21 de marzo de 2019, aprobando el Instrumento de Estrasburgo y aprobando, asimismo, “una prórroga hasta el 22 de marzo de 2019, a condición de que la Cámara de los Comunes apruebe el Acuerdo de Retirada la semana próxima” –es decir, antes del 29 de marzo- .

Esta posición supone un choque frontal a las pretensiones del gobierno británico porque le obliga a conseguir del Parlamento británico lo que este ya ha rechazado dos veces, es decir, un imposible y además reitera que el Acuerdo de Retirada “no puede reabrirse”, estableciendo mantener invariablemente el espíritu y la letra de dicho Acuerdo.

El Consejo Europeo de 21 de marzo ha manifestado también que si la Cámara de los Comunes no aprueba el Acuerdo de Retirada, el Consejo Europeo aprueba una prórroga hasta el 12 de abril de 2019, confiando que antes de esa fecha “el Reino Unido indique una forma de proceder para que la estudie el Consejo Europeo”. En el supuesto de que la Cámara de los Comunes apruebe el Acuerdo de Retirada la semana próxima, el Consejo Europeo aprueba asimismo una prórroga hasta el 22 de mayo de 2019.

En todo caso, esta Declaración del Consejo Europeo concluye con la solicitud para que siga la preparación, a todos los niveles, ante las consecuencias de la retirada del Reino Unido, teniendo en cuenta todos los resultados posibles.

De este modo, ha quedado manifiesta la voluntad de la Unión Europea de enfrentarse con el Brexit de una manera absolutamente seria y rigurosamente profesional, manteniendo claramente, según ha dicho Angela Merkel, qué ofrecía a los británicos y qué esperaba de ellos. Los Jefes de Estado y de Gobierno han mantenido algunos criterios diferentes, pero finalmente ha prevalecido la defensa de todo un proceso de negociación, realizado con absoluto rigor, con guante de seda y mano de hierro, frente a las cambiantes opciones de Londres.

Todo parece prever que Gran Bretaña se enfrenta a una salida desordenada, el Brexit duro, y la posible caída del Gobierno, mientras que la Unión Europea sale fortalecida en el mantenimiento de su solidez ante el escenario mundial, si bien con el correspondiente perjuicio económico no menor que el que ya está sufriendo Gran Bretaña. Guy Verhofstadt, el duro negociador del Parlamento Europeo, acaba de afirmar que Reino Unido, si es que por fin sale, volverá a pedir su ingreso en un periodo corto de años.