La Mesa del Congreso escucha a los letrados y suspende a los políticos catalanes presos

La situación de los políticos independentistas presos se despeja. La Mesa del Congreso ha decidido suspenderles como diputados ya con el informe de los letrados en la mano. La decisión se ha tomado con el voto en contra de Unidas Podemos -en desacuerdo con la premura para tomar una decisión- y a favor de PSOE, PP y Ciudadanos.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha anunciado en rueda de prensa que la suspensión en el ejercicio del cargo se aplicará en todos los derechos y deberes desde el día que adquirieron su condición de diputados.

No obstante, ha matizado que se ha solicitado un nuevo informe jurídico en relación a la configuración de mayorías en una cámara que queda ahora con 346 diputados. Todo el alcance sobre la composición de la cámara será decidida en una nueva reunión de la Mesa de la cámara aún sin fecha prevista.

Informe de los letrados

Los letrados del Congreso remitieron esta mañana a la Mesa el informe jurídico solicitado por la presidenta de la cámara avalando que estos diputados sean "suspendidos automáticamente" atendiendo a la normativa vigente, pero con un matiz: esta decisión la basan en el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no en el propio reglamento de la cámara.

El artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que "firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".

Por su parte, el artículo 21 del Reglamento del Congreso establece que los diputados quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios "cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta".

Batet había solicitado un informe al Tribunal Supremo sobre cómo proceder con la cuestión de los políticos independentistas presos, pero este se negó a ofrecerlo remitiendo la decisión a la Mesa del Congreso en aplicación de la legalidad.

Por otro lado, la presidenta del Congreso solicitó a los letrados de la cámara que se pronunciaran antes de que el órgano de gobierno de la cámara tuviera que votar una decisión definitiva y esto provocó las críticas de PP, Ciudadanos y Vox que consideraban que no existía una controversia jurídica que justificara la petición de una aclaración a los juristas acusando a Batet de dilaciones indebidas.