De la violencia de género en Andalucía al colectivo LGTBI en Madrid: primer ataque de Vox en la Asamblea

Vox continúa con su polémica estrategia de pedir "informes" sobre los colectivos que ayudan a mujeres maltratadas -como en el caso de Andalucía- o los que luchan por los derechos de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI). La portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio ha registrado una solicitud para que la Mesa del Parlamento le dé una relación de colegios públicos y concertados donde COGAM haya realizado "acciones informativas, formativas y de otra índole".

Rocío Monasterio, que afirmó en campaña electoral que había colegios donde se daban clases de zoofilia a niños de ocho años, vuelve ahora a incidir en el asunto aunque, esta vez, de forma velada.

Sus compañeros ya se pusieron en el punto de mira cuando, nada más llegar al Parlamento andaluz, solicitaron informes sobre la situación de los trabajadores de las Unidades de Valoración Integral de la Violencia de Género. Un detalle que se consideró como un intento de "caza de brujas" contra lo que los de Santiago Abascal consideran "chiringuitos ideológicos".

Ahora, en Madrid, los doce diputados de la formación han hecho lo propio y, aunque han dejado para más tarde las asociaciones feministas, han empezado su guerra contra los colectivos LGTBI. En el escrito, Monasterio solicita la fecha de la actividad, el centro, el temario impartido y una breve descripción de la acción desde el año 2015. Dicha petición incluye una exigencia tumbada por el Parlamento andaluz, que es la de ofrecer con pelos y señales "el nombre y apellidos del ponente y cuáles han sido las clases destinatarias".

Esta decisión podría caer como una bomba, justo un día después del primer pleno fallido, en medio de las negociaciones que mantiene con PP y Ciudadanos de cara a la futura investidura de Isabel Díaz Ayuso. El líder de Ciudadanos se negó, precisamente, a firmar un acuerdo a tres bandas porque Vox solicitaba modificar leyes de Identidad de Género y contra la LGTBIfobia que los naranjas impulsaron en la legislatura pasada de forma activa. "No queremos retroceder a los años 50", sentenció Ignacio Aguado tras conocer las exigencias de Monasterio.

La líder popular, en cambio, jugó para tirar por la calle del medio. Por un lado, opinó que los madrileños ya habían "superado" ciertas cuestiones y que el objetivo del nuevo Gobierno es "mirar hacia el futuro y no al pasado". Sin embargo, sin querer "retroceder en derechos" -dijo-, también se mostró dispuesta a abrir el debate en el Parlamento sobre si hay que "revisar" algunos cursos escolares o la obligatoriedad de asistir a los mismos. "Los padres tienen derecho a decidir", manifestó Ayuso.

De hecho, en el documento firmado de forma bilateral entre PP y Ciudadanos se define de forma ambigua este punto. Con intención de hacer un guiño a la tercera pata necesaria para el acuerdo del triunvirato de derechas, el punto 17 del pacto establece que se garantizará "la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales". Una fórmula lo suficientemente abierta para que Ayuso y Aguado puedan ceder ante Vox o dejar en papel mojado sus intenciones de arremeter de forma contundente contra los colectivos LGTBI, feministas o de defensa de los inmigrantes.