La Justicia británica ha avalado este viernes el plan de Boris Johnson, rechazando las denuncias de la oposición, y por tanto le permite mantener cerrado el Parlamento hasta octubre, cuando ya se haya producido inevitablemente el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Así lo ha decidido lord Raymond Doherty, del Tribunal de Sesiones de Edimburgo, órgano que se ha pronunciado de urgencia en este contencioso, quien no ha atendido la petición de ordenar un alto temporal de la maniobra de Johnson para cerrar el Parlamento. En todo caso, manifestó que era de "interés público" que se atendiera el caso completo lo antes posible y anuncia que el martes celebrará una vista para dictaminar si es legal la decisión del Gobierno de Johnson.
En total fueron 75 parlamentarios los que le pidieron un fallo urgente y provisional para evitar que el Parlamento cerrara hasta finales de octubre, permitiendo así que el Brexit continúe tal y como quiere el nuevo Ejecutivo de Jonhson, sin acuerdo con la UE y sin más dilaciones. Toda la oposición e incluso parte de los conservadores denunciaron que era un golpe al sistema democrático del país, apenas sin precedentes. Hay que remontarse al siglo XVII y a Cronwell para ver algo semejante.
El juez no vio una urgencia ni un "necesidad convicente" para paralizar esta decisión del poder ejecutivo, una orden firmada por la reina Isabel II, que se plegó al plan del primer ministro Boris Johnson irremediablemente.
El plan pasa por retrasar el discurso de la reina hasta el 14 de octubre, un acto protocolario obligatorio que marca el inicio de las sesiones parlamentarias del nuevo curso político. Al no comenzar hasta entonces, el Reino Unido no podrá evitar abandonar la UE el 31 de octubre, ya que no habrá tiempo para reclamar otro plan de salida.
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