El Gobierno lleva al Constitucional la reprobación del Rey y el compromiso con la autodeterminación del Parlament

El Gobierno en funciones ha remitido al Tribunal Constitucional dos incidentes de ejecución relacionados con una resolución aprobada por el Parlament en la que se habla de la autodeterminación de Cataluña y se reprueba al rey Felipe VI. El Ejecutivo pide al Constitucional que avise al Parlament del incumplimiento de sentencias del tribunal y avise de las responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir el presidente de la Cámara, Roger Torrent y la Mesa del Parlament.

El Consejo de Ministros ha solicitado al Tribunal Constitucional que advierta a la Mesa del Parlamento de Cataluña que algunas de las resoluciones que aprueba el legislativo incumplen las resoluciones del TC, y le reclama que suspenda varios acuerdos, los declare nulos y aperciba a los miembros de ese órgano de las consecuencias.

El Gobierne se refiere a los artículos de la resolución aprobada en el Parlament el pasado 25 de julio que versan sobre la autodeterminación y la reprobación del rey Felipe VI.

En uno de ellos, el Parlament "se ratifica en la defensa del ejercicio del derecho de autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo de Cataluña" y se reafirma en "su disposición a ejercer de manera concreta el derecho a la autodeterminación".

Los otros incisos se refieren a la monarquía. El Parlament "reafirma su compromiso con los valores republicanos y apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía", "se reafirma en su reprobación de Felipe VI" y "reafirma su derecho de expresar valoraciones y opiniones políticas sobre la actuación y el futuro de la institución monárquica y su compromiso con los valores republicanos".

Para Moncloa, estos incisos vulneran directa y frontalmente sentencias del Tribunal Constitucional por lo que solicita la declaración de nulidad y su inmediata suspensión.

Además, el Gobierno solicita al Tribunal Constitucional que notifique personalmente la suspensión de la resolución impugnada y advierta al presidente del Parlament, Roger Torrent, al secretario general, Xavier Muro, y a los miembros de la Mesa, de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión, en su caso, acordada, así como de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir las sentencias del Tribunal Constitucional, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.