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Inhabilitados e inhábiles

viernes 18 de octubre de 2019, 12:48h

La inhabilitación es una pena posterior a la comisión del delito cuyo objeto es evitar la reincidencia en el mismo. Llega después del hecho punible, con el paso lento y solemne de los tribunales, como sanción y no como previsión. La actuación de un Gobierno es otra cosa. Es tomar medidas en tiempo presente, no para castigar el delito sino para evitar que se realice. No puede un Gobierno conformarse con frases como que Cataluña aún “no se ha colapsado” porque el colapso aún no sea total. La imprevisión y la parsimonia de Sánchez están dando la imagen de un Gobierno tan inhábil como los inhabilitados. El “todo está previsto” o el “no descartar ningún escenario” parece una broma mientras un presidente de una Comunidad y representante del Estado que se exhibe cortando el tráfico de una autovía acompañado del expresidente frustrado años atrás de otra que, después de lo cual se presenta ante su asamblea parlamentaria amenazando con un referéndum unilateral fuera de toda legalidad, demostrando sin lugar a dudas su ilegitimidad para el ejercicio del cargo. Porque el problema de fondo es que no se puede soplar y sorber a la vez, como jefe y alentador del motín y como autoridad gubernativa.

Puigdemont está en Bélgica y su equipo inhabilitado por realizar consultas ilegales o proclamar una República fuera de toda legalidad pero a su seguidor Quim Torra se le permite presidir la Generalidad con los mismos propósitos denunciados y peor conducta. Puede que llegue el día de la inhabilitación de Torra pero, hasta ahora, el Gobierno consiente con la boca callada y sin otra respuesta que los antidisturbios frente a las guerrillas anárquicas que son solo la espuma del brebaje que el Gobierno ha permitido preparar impunemente. Quizá algún día llegue la hora lenta y solemne de los tribunales pero, hasta entonces, el destrozo moral y material de una región está cumplido. Es evidente que este iluminado organizador de marchas de protesta y huelgas políticas contra una sentencia judicial no es una sorpresa sino una persona inhábil desde que se erigió en vicario de un fugado de la justicia para ser admitido como presidente de una institución constitucional y estatutaria, en nombre de todos los catalanes y acatando la legalidad del Estado como justificación de su mandato. Torra ha dado muestras sobradas de no reunir las condiciones correctas para desempeñar la autoridad que desempeña y el Gobierno tiene las facultades suficientes y el apoyo político mayoritario para tomar aquellas medidas que no ha tomado para desposeerlo de unas competencias que no cumple de acuerdo con las condiciones en que las ha aceptado, entre ellas y sobre todo, el respeto a la Constitución y a las leyes conforme a las cuales ejerce su cargo.

Es preciso afrontar las consecuencias de un motín generalizado y alentado antes que perder el tiempo criticando una sentencia que es como debe y puede ser con arreglo a Derecho, no como consecuencia de los jueces sino de los legisladores. Desde el día que el Gobierno encomendó a sus servicios jurídicos, es decir a la Abogacía del Estado, mantener la tesis de la sedición frente a la rebelión estaba abierto el camino hacia el principio universal del “in dubio pro reo”. La valoración de que la violencia detectada en las conductas era para forzar una negociación y no para lograr una secesión por la fuerza era la conclusión lógica del tribunal tras escuchar a quien representaba la posición del Gobierno a quien se intentó coaccionar. Si la parte afectada por aquella agitación se consideraba presionada pero no atacada con los métodos de una rebelión, la duda estaba servida. Y se aplicó el principio citado como en todos los juicios similares, con la fuerza de la unanimidad. Pero hoy en día la rebelión es flagrante y se manifiesta impunemente sin ser respondida más que como reacción de las fuerzas de orden público frente a los incendiarios nocturnos mientras sigue paseándose a la luz del día quien intercepta las carreteras y anuncia la violación de las leyes.

El delito de referéndum ilegal fue eliminado en 2005 por la mayoría socialista del presidente Zapatero. No porque entonces se esperase que los separatistas catalanes fuesen a utilizar un referéndum ilegal para vestir su traición en 2018 sino porque aquella norma había servido para anular el llamado Plan Ibarretxe. La entrega de los establecimientos penitenciarios a la Generalidad de Cataluña fue obra del Gobierno de Felipe González en 1983. Todo el derecho español está contaminado de una baba de corte “progresista” que pone por encima de la seguridad pública la rehabilitación de los delincuentes, de lo que es síntoma la resistencia contra la prisión permanente revisable en casos de extrema saña. Consecuencia de ello es la política de permisos carcelarios y grados de atenuación de la condena que permiten casos de violadores que violan o de asesinos que matan en días de permiso. No hay que escandalizarse, por tanto, antes de tiempo porque los catalanes “sediciosos” puedan, en su día, disfrutar de los mismos beneficios de que disfrutan otros condenados. La severidad de la sentencia no es consecuencia de las blandenguerías de ningún tribunal sino de la orientación impuesta a nuestra práctica penal por la política izquierdista.

Hay sin embargo una parte de la pena que afecta especialmente a los políticos delincuentes: la inhabilitación. Un violador sale de prisión con permiso y viola. Un asesino sale de la prisión con permiso y mata. No se habla de inhabilitarlos para violar o para matar. No avisan de sus propósitos al repetir sus fechorías. Engañan a la junta de evaluación y al juez de vigilancia. En cambio estos dirigentes condenados anuncian: “lo volveremos a hacer” pero de sobra saben que no podrán hacerlo. La inhabilitación los borra de la vida política. Si Oriol Junqueras alardea de lo que va a hacer cuando haya cumplido su tiempo de inhabilitación no causa indignación ni rabia sino una piadosa sonrisa. Quizá en la década de los años 30 de este siglo los humanos estén en condiciones de pisar Marte pero Oriol Junqueras no se sabe si estará en condiciones de enarbolar una estelada o, tan siquiera, si seguirán existiendo esteladas en algún baúl de los recuerdos. Lo cierto es que uno no puede estar en política cuando quiere sino cuando puede. Estos dirigentes de ayer han jugado mal sus cartas como malos tahúres. Han malversado fondos para invertirlos en la empresa ruinosa del nacionalismo en el siglo XXI, confiados en el socialismo del siglo XX. Hasta ahora el social-sanchismo les ha correspondido con proporcionalidad con parsimonia y con tibieza para “no alimentar la espiral de la violencia” y con cautela para disfrazar la cobardía. Se comporta inhábil como poder ejecutivo aunque no impida las inhabilitaciones que en un futuro puedan emanar de unos tribunales de justicia para inhabilitar a los responsables de conductas que un Gobierno inhábil no ha sido capaz de impedir.

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