El Gobierno aumenta su poder a la hora de controlar internet gracias a un decreto de seguridad digital que acaba de ser publicado en el BOE. Una norma calificada por algunos como un 155 digital para combatir el pretendido proyecto independentista República Digital Catalana.
Sin embargo, la posibilidad de que la Administración restringiera el acceso a las redes ya estaba prevista en la legislación, la novedad ahora es la ampliación de los supuestos en los que podrá hacerlo y en concreto, el apunte al desorden público.
"El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional. En concreto, esta facultad excepcional y transitoria de gestión directa o intervención podrá afectar a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional", establece la nueva redacción del artículo 4.6 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
Asimismo, en otro punto el decreto otorga al Ministerio de Economía y Empresa la competencia de cesar una presunta actividad infractora -sin audiencia previa y de forma previa al procedimiento sancionador- por razones de "imperiosa urgencia" cuando se produzca alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando exista una amenaza inmediata y grave para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional.
b) Cuando exista una amenaza inmediata y grave para la salud pública.
c) Cuando de la supuesta actividad infractora puedan producirse perjuicios graves al funcionamiento de los servicios de seguridad pública, protección civil y de emergencias.
d) Cuando se interfiera gravemente a otros servicios o redes de comunicaciones electrónicas.
e) Cuando cree graves problemas económicos u operativos a otros proveedores o usuarios de redes o servicios de comunicaciones electrónicas o demás usuarios del espectro radioeléctrico.
De esta manera, el Gobierno refuerza así las potestades del Ministerio de Economía y Empresa con el fin de tener un mayor margen de actuación ante una presunta actuación infractora a través del uso de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas que "pueda suponer una amenaza grave e inmediata para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional".
Sin embargo, su aplicación no se limitará a un concepto estricto de una red o un servicio de comunicaciones electrónicas, sino que las medidas podrían aplicarse a todos aquellos los elementos que necesariamente acompañan a la instalación o despliegue de una red o la prestación de un servicio de comunicaciones electrónicas, como son las infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas, sus recursos asociados o cualquier elemento o nivel de la red o del servicio.
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