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El balance de la crisis política y social en Bolivia: al menos 23 muertos y más de 700 heridos

domingo 17 de noviembre de 2019, 10:58h

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado este domingo que al menos 23 personas han muerto y 715 han resultado heridas desde el inicio de la crisis en Bolivia con las elecciones del pasado 20 de octubre.

La Comisión reitera su llamamiento a todos los actores políticos y sociales de Bolivia a abstenerse de utilizar la violencia como medio de coerción política y subraya que los discursos que incitan a la violencia son contrarios a los derechos humanos. Asimismo, la Comisión hace un llamado a que se respeten las inmunidades de las representaciones diplomáticas acreditadas ante el Estado boliviano, así como la seguridad de todas las personas que allí se encuentren.

La CIDH advirtió que, una vez hecho público el informe del Grupo de Auditores de la Organización de los Estados Americanos sobre el Proceso Electoral en Bolivia, el día 10 de noviembre el Presidente Evo Morales anunció la convocatoria a nuevas elecciones y a la renovación de la totalidad de los miembros del Órgano Electoral Plurinacional. De acuerdo con información de público conocimiento, la Central Obrera Boliviana, el Alto Mando Militar de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana solicitaron la renuncia del Presidente Evo Morales quien, horas después dimitió, aduciendo su voluntad de evitar que continuase la violencia en el país, tras semanas de enfrentamientos. La Comisión también tomó nota que, a la renuncia del Presidente Morales, se unieron las renuncias del Vicepresidente y de los miembros de su gabinete, así como de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados.

Frente a las declaraciones públicas de autoridades militares y policiales, la Comisión observa que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado. En este sentido, la CIDH recuerda que, en un Estado democrático de Derecho, todas las fuerzas de seguridad, incluyendo las Fuerzas Armadas, deben someterse al control civil y abstenerse de incidir en procesos políticos. Al respecto, la Comisión expresa su preocupación por la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en Bolivia.

Finalmente, la Comisión exhorta a dar plena vigencia al orden Constitucional, a la instalación inmediata de autoridades civiles y a la celebración de elecciones en el país, con el fin de que se garantice la Democracia y el Estado de Derecho en Bolivia.

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