La Fiscalía General del Estado mantiene a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo su criterio respecto a los delitos cometidos por los líderes del procés. Aunque consideran que el Supremo ha actuado con "pulcritud", los fiscales critican que las condenas hayan sido "a la baja" por la calificación del delito de sedición, y no de rebelión como pedía el Ministerio Público.
En los escritos en los que rechazan las peticiones de nulidad de los líderes independentistas, los fiscales defienden que la tipificación del delito de rebelión "podría haber tenido un encaje normativo más riguroso" a los hechos enjuiciados. Por el momento, 9 de los 12 líderes soberanistas condenados han presentado peticiones por la nulidad de la causa y la condena, y no lo han hecho el ex vicepresidente Oriol Junqueras, ni el ex conseller Raül Romeva ni la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Como era de esperar, la Fiscalía ha descartado los incidentes de nulidad, aunque es indispensable presentarlo por los condenados para poder acudir luego en amparo al Tribunal Constitucional, así como a la Justicia europea, tal y como planean los líderes soberanistas.
Aunque los fiscales no solicitan la nulidad de la sentencia pese a la calificación de los hechos como delito de sedición, sostienen que "el propio relato de los hechos probados acredita el desbordamiento de los contornos legales propios de la sedición".
A su juicio, los hechos podrían incurrir en un delito de rebelión por algunos de los elementos típicos (alzamiento público, violencia, declaración de independencia, derogación de la Constitución).
"El tribunal ha optado por una tipificación penal a la baja respecto a unos hechos que bien pudieran haber tenido un encaje normativo más riguroso", señalan en sus escritos. Si bien no comparten la condena por sedición, creen que la selección de las penas ha sido "prudente" y "adecuada a la culpabilidad superior" de los acusados.
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