La derecha carga contra la posibilidad de consultar a la ciudadanía sobre el futuro de Cataluña

PSOE y ERC han acordado colocar urnas para consultar directamente a la ciudadanía sobre su opinión al respecto de un eventual acuerdo que pudieran resultar de la mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat sobre el futuro de Cataluña.

"Necesitamos que la población pueda participar", aseguró el propio secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien defendió la iniciativa como un mecanismo más en la búsqueda de una solución dialogada al conflicto catalán sin dar más detalles sobre el mismo. Algo que no ha gustado nada a los líderes de la derecha.

A través de las redes sociales, los presidentes de PP y Vox, Pablo Casado y Santiago Abascal respectivamente, así como la portavoz parlamentaria de Ciudadanos y candidata a liderar la formación naranja, Inés Arrimadas, criticaron abiertamente el acuerdo entre socialistas y nacionalistas.

"Sánchez consuma la traición a España que denuncié hace un año al descubrir las conclusiones de Pedralbes. Ha pactado un referéndum con los delincuentes que dieron un golpe al Estado para ser investido. Nos acusaban de exagerar, pero nos quedamos cortos. Responderemos con firmeza", aseguró Casado.

Eso sí, obvió las diferencias entre una consulta y un referéndum -ambos no vinculantes-, así como que el Tribunal Supremo sentenció que ni los episodios de violencia ni el objetivo de los independentistas fueron en sí mismos suficientes para desmantelar las insituciones constitucionales como ocurre en un golpe de Estado.

En Cataluña existe una ley de consultas ciudadanas. En el caso catalán se aprobó como Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana y desarrolla el artículo 122 del Estatuto de Autonomía. El Tribunal Constitucional anuló eso sí algunos preceptos en los que se confundía consulta y referéndum.

En Baleares se regularon las consultas no refrendarias atendiendo a la definición de la jurisprudencia del constitucional que las definía como aquellas que recogen "la opinión de cualquier colectivo", "voluntades particulares o colectivas, pero no generales, esto es, no imputables al cuerpo electoral" gracias a un censo de adscripción voluntaria. De esta manera, las diferencia del referéndum entendido como un procedimiento excepcional, concretamente regulado en el artículo 92 de la Constitución, cuya convocatoria es una prerrogativa exclusiva del Rey a petición del Gobierno, tras obtener el respaldo del Congreso de los Diputados.

De esta manera, el quid de la cuestión radicará en si el asunto concreto de la pregunta que eventualmente se llegue a realizar es o no competencia de la Generalitat, así como de a quién se convoque a las urnas si se trata de una consulta ciudadana y no de un proceso electoral.

En este sentido, Abascal calificó la medida directamente de golpe de Estado dando por hecho que la consulta no respetará los límites de la legalidad. "Los residentes en Cataluña (como los residentes en Teruel) no pueden votar algo que afecte a todos los españoles. Porque eso es, simplemente, un golpe de Estado. Y todos los culpables, antes o después, rendirán cuentas ante la Soberanía del pueblo español", aseguró.

Una idea repetida en su esencia por Arrimadas: "Si el PSOE sigue sin frenar a Sánchez, la igualdad de todos los españoles se quebrará aún más. Esta cesión al separatismo es un atropello inédito y absolutamente intolerable: no se puede decidir qué es España sin contar con el conjunto del pueblo español".