Gobierno Sánchez: la necesaria diferencia entre legalidad y legitimidad

Sorprende el consenso que se aprecia en los medios de comunicación españoles al día siguiente de la investidura de Pedro Sánchez. Todos hacen mención de que España sale fuertemente dividida de este debate, con el gobierno de menor apoyo desde la transición y en medio de un clima de crispación creciente. Desde luego, sobre la base de este consenso, cada medio presenta su propia línea editorial que atribuye causas, responsabilidades y efectos según sus propias preferencias políticas.

En este contexto de disenso y crispación entre los partidos sobresale un asunto claramente decisivo: el debate sobre la legitimidad del Gobierno entrante. Todas las fuerzas de oposición han planteado este tema, si bien con diferente énfasis. Ha sido Vox quien ha planteado que la idea de “Gobierno ilegitimo” sea la consigna general de la oposición para enfrentar al gobierno Sánchez-Iglesias desde un comienzo. Varios actores políticos han salido al quite de la consigna propuesta por Vox; y dos medios importantes, La Vanguardia de Barcelona y El País de Madrid han rechazado de plano esta consigna. El editorial del diario El País (8/01/2020) titulado “Gobierno legítimo”, no puede ser más explícito.

Hay que subrayar que la línea editorial de este diario no ha ocultado los cambios y las maniobras de Sánchez para lograr la investidura. Tampoco se disimula que este Gobierno “nace políticamente débil”. Por su parte, La Vanguardia deja claro que se trata de un Gobierno que enfrenta “la mitad de España”. Es decir, existe entre quienes rechazan la idea de la ilegitimidad del gobierno Sánchez el reconocimiento de buena parte de los argumentos que sirven de base a quienes sostienen esa ilegitimidad. Cabe entonces la pregunta de si puede objetivarse el examen sobre esta cuestión. En otras palabras, ¿de qué depende que se pueda calificar al gobierno de Sánchez de legítimo?

El editorial de El País sostiene que no se puede “declarar ilegitimo a un Gobierno formado a partir del voto de los ciudadanos y a través del procedimiento previsto en la Constitución”. Es decir, que la legitimidad depende del cumplimiento de las normas contenidas en la Constitución y la legislación ordinaria para la conformación de un gobierno. Pero eso sólo nos traslada al ámbito de lo legal, pudiendo afirmar así que el Gobierno de Sánchez es perfectamente legal. Ahora bien, ya se sabe que la ciencia política aclara que legalidad y legitimidad no son una misma cosa.

Por ejemplo, Francisco Garrido explica así esta diferencia: “La distinción entre legalidad y legitimidad es una diferencia esencial en un Estado democrático de Derecho. La legalidad pertenece al orden del derecho positivo y sus normas contienen siempre fuerza de ley (es decir generan obligación jurídica). La legitimidad forma parte del orden de la política (discrecionalidad dentro de la legalidad) y de la ética pública (fundamentación cognitiva de las normas y de las decisiones). Mientras que la legalidad genera obligación, la legitimidad genera responsabilidad (política o ética) y reconocimiento. La legalidad tiene una racionalidad normativa acotada y la legitimidad tiene una lógica deliberativa abierta. Cualquier intento de suprimir esta diferencia lesiona gravemente a la democracia y al Estado de Derecho”.

En pocas palabras, un acto público puede ser perfectamente legal, pero si se produjo por medios torcidos o poco éticos y, sobre todo, si es percibido así por una cantidad enorme de población ciudadana, puede ser legal pero también es ilegitimo o, al menos, sufrir de una falta apreciable de legitimidad.

Los dos argumentos centrales usados en el debate de investidura de Sánchez refieren precisamente a esos dos factores: honestidad en el uso de las leyes y percepción de ello por la ciudadanía. Sobre el primer factor: ¿Es legítimo realizar una campaña electoral prometiendo centrismo y moderación, para inmediatamente después, al conocer los resultados electorales, girar 180 grados y pactar con una fuerza política de extrema izquierda? En el debate de investidura, fue uno de los aliados de Sánchez, el representante de ERC, Gabriel Rufián, quien hizo el repaso más sangriento de los giros dados por Sánchez, que -según él- le restan fiabilidad, por lo que se permitió emitir la frase lapidaria “sin mesa de dialogo no hay legislatura”. Y el candidato, con el rostro lívido, tuvo que dejar pasar la humillación, como lo hizo con la intervención de Bildu reivindicando a ETA o la sincera afirmación de la representante, Montserrat Bassa, de ERC: “me importa un comino la gobernabilidad de España”. ¿Es mínimamente honesto que alguien que opta por ser Presidente de Gobierno deje pasar estas ofensas al Estado democrático, únicamente para evitar que se pierdan esos votos para lograr su investidura?

El otro factor refiere a la percepción de esa forma de operar entre la ciudadanía. Como se vio, existe consenso acerca de la fuerte división de la opinión pública respecto del Gobierno de Sánchez. Se dice que la mitad de la sociedad española no siente que este Gobierno le representa. Creo que la situación es un poco más compleja. Es cierto que una parte considerable de la opinión pública no se siente representada por este Gobierno y que otra parte no menos considerable sí se siente representada por este. Pero entre ambas partes existe una franja importante de ciudadanos que simplemente se siente a la expectativa. No obstante, la cantidad de gente que no se siente representada por el Gobierno Sánchez es suficiente para constituir una base sólida de movilización social. Algunos observadores sostienen que el clima de crispación que existe entre las fuerzas políticas no se reproduce entre la ciudadanía. Un informe publicado por La Vanguardia sobre este asunto “La bronca política encrespa la calle” (9/01/2020) muestra que la crispación sí está extendiéndose entre la sociedad civil, principalmente entre la contraria al Gobierno de Sánchez.

En suma, cuando se aclara la diferencia entre legalidad y legitimidad, puede apreciarse que dos de los principales factores que determinan esta última, (modo honesto de respetar las normas legales y percepción de la ciudadanía al respecto) indica que la legitimidad del Gobierno de Sánchez no es precisamente robusta. Es decir, que la conclusión parece evidente: el Gobierno de Sánchez es perfectamente legal pero adolece de una falta apreciable de legitimidad. Ahora bien, así como la legalidad refiere a una dimensión rígida, la legitimidad pertenece al campo de la dinámica política, lo que significa que esa falta de legitimidad puede variar con la acción de gobierno, tanto para ir reduciéndose como para incrementarse.