Amnistía o indultos en Cataluña: el as en la manga que se guarda Sánchez para la legislatura

El gran temor del nuevo gobierno es que, pese a las buenas intenciones por llevar a cabo multitud de reformas que necesita el país, bajo una estrategia e ideología progresista, la legislatura no tendría una larga vida sin el apoyo de Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu. Ambas formaciones independentistas son necesarias para poder obtener victorias parlamentarias, como ya se ha visto en la votación de investidura, por lo que si la cuestión catalana no transcurre al gusto de alguno de ellos, todos los planes se podrían ir al traste en uno o dos años.

Por eso se está comentando estos días cómo Pedro Sánchez se guarda un as en la manga. Una carta, claro está, que sería de último recurso y que le supondría dividir aún más la sociedad española por lo controvertido de su decisión: hablamos de decretar una ley de amnistía de los presos independentistas catalanes o bien aprobar indultos presidenciales, que son más sencillos de aplicar porque no requieren permiso parlamentario.

Una ley de amnistía permitiría, como en tiempos pasados, decretar que los condenados por determinados delitos puedan tener beneficios penitenciarios extras o incluso su excarcelación plena y retirada de cargos y antecedentes penales. Sería, por supuesto, un antes y un después peligroso que el Gobierno socialista y morado se reservaría como último recurso para poder aprobar los Presupuestos o sobrevivir con el respaldo del Congreso.

La otra opción es siempre más autoritaria y unilateral, pero más efectiva y rápida: los indultos presidenciales. El indulto en nuestra legislación es una causa de extinción de la responsabilidad penal, que supone el perdón de la pena y es diferente a la amnistía, que supone el perdón del delito, ya que por el indulto la persona sigue siendo culpable, pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena.

En nuestro país ya ha habido indultos muy polémicos. Felipe González indultó en 1988 al ex general Alfonso Armada, uno de los dirigentes del intento golpista del 23-F. José María Aznar indultó en 1998 a José Barrionuevo y Rafael Vera, socialistas condenados por el caso GAL. Rodríguez Zapatero indultó al banquero Alfredo Sáenz, número dos del Banco Santander, intentando también sin éxito eliminar sus antecedentes penales.

Opciones más sencillas

La primera opción gustaría más a los partidos soberanistas catalanes, mientras que la segunda menos, porque se trataría de recibir una especie de "favor" del presidente, como un perdón no merecido, mientras que con la ley de amnistía se reconocerían sus exigencias con una mayoría parlamentaria que engloba y representa a más de la mitad de la sociedad española.

Realmente la alternativa que es menos incómoda para Sánchez pasa por que los presos vayan saliendo gracias a beneficios parlamentarios concedidas por las autoridades carcelarias catalanas, ya que esta comunidad tiene transferidas esas competencias. Así sería una decisión de terceros y no propia, y aunque las condenas seguirían existiendo en el historial de los políticos sentenciados, al menos estarían ya en la calle. Otra cosa es que pudieran recuperar sus actividades políticas de manera inmediata.