El Tribunal Constitucional obliga a retocar el decreto del alquiler aunque avala sus aspectos más polémicos

El Tribunal Constitucional ha anulado dos disposiciones del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler atendiendo al recurso presentado por el PP, si bien ha avalado el grueso de la normativa.

El fallo, que ha sido avanzado por 'Expansión', avalaría las medidas más polémicas como la ampliación de la duración de los contratos (5 años si el propietario es una persona física y 7 si es jurídica), la limitación de la subida del precio al alza del IPC durante la vigencia del contrato, así como el establecimiento de un sistema de índices de referencia del precio del alquiler.

No obstante, atendería el recurso del PP en dos aspectos concretos. Los recurrentes alegaron que la norma impugnada no respeta el presupuesto habilitante establecido en el art. 86.1 CE, que exige la extraordinaria y urgente necesidad ni las materias vedadas a los decretos-leyes, por afectar al deber de contribuir (art. 31.1 CE).

Las medidas anuladas por el tribunal consisten en una disposición destinada a dinamizar la oferta con movilización de suelo público y fórmulas de colaboración público-privadas; así como la referida a la regulación de convenios en materia de infraestructuras.

El decreto del alquiler, como se le conoce popularmente, fue aprobado en el mes de marzo del año pasado y anulaba la reforma del gobierno de Mariano Rajoy que rebajó a 3 años la duración mínima legal de los contratos de alquiler. Con el decreto, el Gobierno socialista reguló también hasta cierto punto los pisos turísticos, pero desoía las peticiones de Unidos Podemos de limitar las alzas desmedidas de los precios del alquiler.

No obstante, pese a que la formación morada consideraba la medida insuficiente finalmente apoyó en la votación del Congreso el real decreto que incluía la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).

Como novedad, el decreto del Gobierno introdujo la posibilidad de que, por acuerdo de una mayoría de 3/5, una comunidad de propietarios pueda limitar o condicionar el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar unas determinadas condiciones para su ejercicio.