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María Jesús Montero
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María Jesús Montero (Foto: Pool Moncloa/ Borja Puig de la Bellacasa)

El Gobierno aprueba medidas para aliviar el calendario fiscal de autónomos y pymes

martes 14 de abril de 2020, 08:44h

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado medidas de alivio en el calendario fiscal para autónomos y pymes que facturen menos de 600.000 euros al año, unos 3,4 millones en España correspondiente a más del 90% del total, en el contexto de la crisis económica del coronavirus. Tendrá un impacto de más de 3.500 millones en la liquidez de estos colectivos, según informó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en rueda de prensa.

El decreto contempla medidas como el retraso de un mes, hasta el 20 de mayo, en el plazo para abonar el pago del IVA y Sociedades. Según esta norma, las pymes y autónomos con una facturación de hasta 600.000 euros tendrán de plazo hasta el 20 de mayo para presentar las declaraciones de impuestos correspondientes al mes de abril. Es decir, podrán aplazar la presentación de la declaración trimestral del IVA, el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, así como el del IRPF.

En el caso de declaraciones domiciliadas, el plazo se amplía también un mes y pasa del 15 de abril al 15 de mayo. Con independencia del momento de la presentación, todos los cargos se realizarán el 20 de mayo. Eso incluye también las declaraciones presentadas antes del 15 de este mes. Esta moratoria supone una liquidez de 3.558 millones para pymes y autónomos, según Moncloa.

Además, esta medida pretende dar un mayor margen a los gestores y asesores fiscales para recopilar la información necesaria para cumplir con las obligaciones fiscales de sus clientes en un momento de gran dificultad por los efectos de la emergencia sanitaria.

Esta decisión se enmarca en la estrategia del Ministerio de Hacienda para combatir los efectos del COVID-19 en la actividad de autónomos y pymes. De hecho, el Gobierno ya aprobó la posibilidad de que ambos colectivos pudieran aplazar el pago de impuestos hasta un máximo de 30.000 euros durante seis meses, con tres meses sin intereses. Esta medida, con un impacto máximo de 14.000 millones, podría beneficiar al 99,8% de los autónomos y al 94% de las pymes, que son quienes se encuentran por debajo de ese nivel de facturación.

Una iniciativa -reclamada por organizaciones de trabajadores por cuenta propia como ATA- que afectaría además de a los citados colectivos, a ayuntamientos y empresas públicas.

Es decir, se trata de un aplazamiento y no de una condonación fiscal en plena crisis socioeconómica derivada del coronavirus.

El Eejecutivo justifica esta decisión en que la Constitución no permite alterar el régimen ni los elementos esenciales de los tributos por vía de Real Decreto Ley.

Esta medida se unirá a la ya anunciada opción de renunciar a tributar por el régimen de módulos sin tener una penalización de 3 años como era habitual. Una flexibilización que beneficiaría a unos 400.000 autónomos y que les permitiría de facto postergar el pago de impuestos.

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