El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comparecía ayer miércoles en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados. Allí recordaba que la crisis del coronavirus ha tenido un “fuerte impacto” en la afiliación a la Seguridad Social, ya que en 21 días de marzo y abril se han perdido tantos empleos como en los 102 días de mayor destrucción de puestos de la crisis de 2008-2009.
De las medidas puestas en marcha para garantizar las rentas y mantener el empleo la que mayor efecto ha tenido son los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que en el caso de considerarse por fuerza mayor asociada a la COVID-19, conllevan una exoneración del pago de cotizaciones sociales. El ministro ha señalado que casi 4 millones de personas, el 16% de la población activa, están incluidas en ERTE y a más del 50% de estos expedientes ya se les ha efectuado la exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores.
Escrivá ha subrayado que el grueso de la pérdida de empleo ha sido en el régimen general y ha recaído, en concreto, sobre trabajadores con contrato temporal. Por el contrario, el régimen de autónomos ha tenido un comportamiento más positivo, con una pérdida de 56.000 afiliados desde el 12 de marzo. En concreto, mientras que el régimen general registra una caída del 6%, el de autónomos no llega al 2%.
Además, el ministro de Inclusión ha destacado la acogida de la prestación extraordinaria por cese de actividad puesta en marcha para las personas cuya actividad quedó suspendida por el decreto de alarma o con una caída de la facturación del 75%, que ya ha registrado casi 950.000 solicitudes. Esta prestación, que supone un beneficio económico mínimo de 950 euros al mes, será percibida este viernes por más de 800.000 beneficiarios. La prestación se está concediendo casi al total de las personas que la han solicitado, con una aceptación del 97% de las solicitudes.
Paro
Escrivá ha subrayado que, tras una fase con una intensa destrucción de empleo, “desde el 24 de marzo hemos entrado en una fase de estabilización, que continúa durante la primera mitad de abril”. Tras la caída de más de 600.000 afiliados a la Seguridad Social en los días en torno al decreto de alarma, se aprecia que, a partir del día 24 “no hemos vuelto a ver las caídas en afiliación de los niveles de los días anteriores y posteriores al decreto de alarma (14 de marzo)”, con la única excepción del 31 de marzo, aunque en este caso, la evolución está condicionada por el habitual fin de contratos a final de mes.
Esta tendencia de estabilización ha continuado durante los primeros días de abril, en los que incluso, ha habido varios días con creación de empleo. Además, el ministro de Inclusión ha indicado que esta tendencia a la estabilización en el mercado laboral es común a toda la geografía española y ha destacado que hay ocho provincias donde crece la afiliación en la primera mitad de abril (Badajoz, Huelva, Cádiz, Murcia, Albacete, Baleares, Huesca y Tarragona).
Aplazamientos y moratorias
Además, para favorecer la liquidez de las empresas, se han aprobado dos medidas. En primer lugar, la posibilidad de aplazamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social con un interés del 0,5% (siete veces inferior al habitual) para las cuotas pagaderas en los meses de abril, mayo y junio. Hasta el 12 de abril, se habían solicitado más de 92.000 aplazamientos, de los que un 30% correspondían a trabajadores por cuenta propia.
Esta medida, que puede ser solicitada por cualquier empresa que no tenga otro aplazamiento en vigor, conlleva, además, el incremento de las cuantías de las deudas aplazables exentas de garantías para favorecer la liquidez del tejido productivo.
En segundo lugar, el Gobierno ha aprobado una moratoria de seis meses para las cotizaciones que se tienen que pagar en los meses de abril, mayo y junio. En los próximos días se publicará una Orden Ministerial con el detalle de los sectores que podrán acogerse a esta medida.
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