El PSOE y Unidas Podemos han registrado este viernes la solicitud de creación de una comisión para la reconstrucción social y económica tras la crisis del coronavirus, aunque los partidos políticos no lograron ponerse de acuerdo sobre su formación y funcionamiento en la Junta de Portavoces del pasado martes. El PP intentó hacerse con el control de la comisión, con el objetivo de convertirla en una suerte de comisión de investigación sobre la gestión del Gobierno de la crisis del coronavirus, pero el PSOE y Podemos se han adelantado para evitar las pretensiones de los 'populares'.
En su reunión telemática el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aceptó la petición del líder del PP, Pablo Casado, para convertir la mesa de diálogo para la reconstrucción en una comisión parlamentaria. Pero los socialistas no estaban dispuestos a someterse a una investigación de los 'populares' sobre su gestión de la crisis del coronavirus, por lo que han dado el paso de solicitar la creación de la comisión.
La comisión, abierta a todos los grupos políticos con representación parlamentaria, pretende "celebrar debates y acordar conclusiones conjuntas sobre las medidas a adoptar para la reconstrucción económica y social, como consecuencia de la crisis del COVID-19". Estos debates girarán en torno a los 4 ejes anunciados por el Gobierno: el reforzamiento de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante la Unión Europea.
Los socialistas pretenden iniciar cuanto antes los trabajos, a pesar de la falta de acuerdo entre los partidos, por lo que con su solicitud, la Mesa del Congreso, previa audiencia de la Junta de Portavoces, debe decidir si aprueba su creación en su reunión del próximo martes día 28 de abril.
Los trabajos de la comisión consistirán en la elaboración de un dictamen consensuado que se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación, y que contendrá resoluciones y propuestas sobre el objeto de sus trabajos. El plazo establecido para el desarrollo de los trabajos de la comisión es de dos meses, pero puede prorrogarse si así lo acuerda la Mesa. Aunque todos los grupos pueden formar parte de la comisión, los acuerdos se adoptarán mediante el criterio del voto ponderado.
La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha insistido en que los asuntos acordados por el Gobierno no son excluyentes y habrán de ser "enriquecidos" con las propuestas de todos los participantes: "El acuerdo solo logrará ver la luz si de verdad conseguimos que todos nos veamos representados en los resultados, por lo que cada uno tendremos que ceder un poco para que el país gane".
Montero ha invitado a "dejar atrás lo que nos separa para centrarse en lo que nos une", que debe ser la búsqueda del interés general y el bienestar colectivo.
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