Existe coincidencia acerca de una de las mayores causas de malestar actual de la ciudadanía refiere a la incertidumbre respecto al brumoso horizonte que se avizora. Es cierto que esta es una pandemia que presenta un nivel de interrogantes colosal. Pero también lo es que los gobiernos tienden a ser opacos para prevenirse. Por ejemplo, eluden pronunciarse sobre el plazo probable que durará la transición hasta consolidar algún tipo de nueva normalidad. Pero lo cierto que ya hay previsiones internacionales sobre ese plazo: la mayoría de las estimaciones coinciden en apuntar una duración de dieciocho meses; lo que en España iría de marzo de 2020 hasta agosto de 2021. Ese periodo incluiría tanto la creación de una vacuna, como un nivel básico de reactivación económica.
De igual forma, los gobiernos también son relativamente opacos respecto de los criterios técnicos que se utilizan para llegar a sus determinaciones políticas. Y una de las causas guarda relación en España con el mantenimiento de una feroz competencia (por debajo de los discursos a favor del pacto nacional) en cuanto a quién lidera este proceso de acceso a esa nueva normalidad.
Algo que también se relaciona con el tipo de la plataforma desde la que plantee la transición: la desescalada (del confinamiento), la reactivación (económica) o la reconstrucción (de la vida nacional). La primera se basa principalmente en un enfoque sanitario y refiere sobre todo al control de la pandemia entre la población. Es evidente que el Gobierno de Sánchez está concentrando en sus manos el control de la desescalada y desde ahí busca conducir todo el proceso. Por su parte, el Partido Popular presiona por incluir parte de la desescalada en las negociaciones sobre el plan de reconstrucción que tendrán lugar en la comisión parlamentaria. De hecho, sigue protestando ante los anuncios de Sánchez sobre los contenidos de la desescalada. “Pide unidad, pero me entero por la prensa de las medidas que plantea”, ha dicho molesto Pablo Casado ante el anuncio de Sánchez de que el martes 28 de abril presentaría un plan de desescalada.
Por otra parte, la divulgación de los criterios técnicos tampoco es muy amplia. Se han conocido algunos indicadores para proceder al desconfinamiento para las distintas zonas: cuando la tasa de contagio esté por debajo de 1 durante al menos dos semanas; cuando el 50% de las camas UCI no tengan enfermos de COVID-19; la tasa de hospitalización por coronavirus no supere el 30% y la tasa de incidencia sea de 2 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Pero se aclara que no son todos los indicadores necesarios.
En cuanto la reactivación económica, el Gobierno de Sánchez no va a tener más remedio que negociarla con los agentes sociales y en particular con el empresariado. Algo que implica plantearla al interior del pacto de reconstrucción que se discutirá en la comisión parlamentaria. Sin embargo, Sánchez tiene la intención de condicionar la reactivación mediante parámetros generales de desconfinamiento y movilidad. Y ya ha anunciado los cuatro que recomienda su grupo de expertos: 1) asistencia sanitaria reforzada; 2) vigilancia y control epidemiológico; 3) identificación y contención de fuentes de contagio; 4) mantenimiento de medidas de protección colectiva. Sin embargo, estas pautas generales no son suficientes para encarar la complejidad del aparato productivo.
Se hacen necesarios criterios diferenciados por sectores e incluso por empresas (sobre todo cuando tienen una dimensión apreciable). En el plano internacional se han realizado modelos que relacionan los dos factores principales a tomar en cuenta: relevancia socioeconómica y nivel de riesgo que implica la actividad. Y se establecen regularmente tres rangos: alto, moderado y bajo, con lo cual aparecen seis tipos de situaciones: 1) alta relevancia económica y bajo riesgo (como buena parte de las actividades agrícolas, que necesitan una desescalada rápida); 2) relevancia económica intermedia y bajo riesgo; 3) baja relevancia económica y bajo riesgo; 4) Alta relevancia económica y alto riesgo (como buena parte de los sectores industriales y de construcción, que necesitan protocolos muy rigurosos); 5) Relevancia económica intermedia y alto riesgo (como buena parte de los servicios de belleza y mantenimiento físico, que también necesitan de protocolos muy rigurosos); 6) Baja relevancia económica y alto riesgo (como ciertas actividades deportivas grupales, que no deberían realizarse mientras dure la pandemia). Cada sector debería tener unos protocolos de acuerdo con este cruce entre relevancia y nivel de riesgo, aunque fuera necesario un proceso de negociación con los agentes sociales semejante al que tiene lugar con los convenios colectivos y hubiera que complementar con subsidios a los sectores más perjudicados.
Este proceso de reactivación económica formaría parte del plan nacional de reconstrucción, que debería integrar también los equilibrios macro, de conformidad con los parámetros que se apuntarían en relación con el apoyo de la Unión Europea. Se supone que este plan de reconstrucción más global implica una negociación directa entre el Gobierno y los partidos de la oposición. Sin embargo, todo indica que el Ejecutivo, ante la posibilidad de perder protagonismo en la comisión parlamentaria, estaría tratando de condicionar al máximo la configuración del pacto nacional mediante las medidas de desescalada y de negociación con los agentes sociales en torno a la reactivación económica. Algo que encrespa a la oposición, que recurre a la crítica abierta del Gobierno como el recurso más a mano. Se avecinan semanas de crispación siempre en favor del pacto. Paradojas de la vida política española.
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