Los riesgos penales de la ineficacia de la prevención del covid-19

Era de esperar, ante la catástrofe de la prevención del Covid 19, por parte del Gobierno de España, a pesar de tener un plan contra pandemias desde 2005, actualizado en 2006, completado con anexos en años posteriores y más concretamente en el anexo XII del Plan Nacional de Preparación y respuesta ante una pandemia de gripe, el plan se redacto (por el Gobierno Zapatero) tras la crisis del coronavirus del SARS y de la Gripe Aviar (subtipo del coronavirus CoV-HKUI), por lo que era aplicable a otros virus pandémicos en general como el Covid 19, documento que no se tuvo en cuenta antes de la manifestación del 8 de marzo, ni después tampoco por el filósofo Ministro de Sanidad el bisoño Salvador Illa Roca, tal vez porque estaba en algún cajón olvidado, y desconocido probablemente por el coordinador de la campaña el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias Fernando Simón y por tanto no aplicado.

Lo que suscita el riesgo de consecuencia de denuncias penales para el Gobierno y/o sus responsables como lo ha hecho la Fundación Zaballos, que se ha unido a la iniciativa de la plataforma El Día Después y presentado una querella contra el Gobierno por homicidio imprudente por su gestión del Covid-19. (https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/pandemia/home.htm)

Así, con fecha 11 de mayo de 2020, la Fundación Zaballos que preside Emilia Zaballos, se unió a la iniciativa promovida e iniciada por la plataforma El Día Después y un total de 11 abogados de distintas partes de España, para presentar ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una querella contra cada uno de los 23 miembros del Consejo de Ministros, en nombre de 116 familias que han perdido una o más personas, como consecuencia del COVID-19. A ellas las familias de 3.268 de los 26.744 muertos reconocidos oficialmente hasta el 12 de mayo han comunicado su intención de sumarse a la querella un 12,2% del total.

En ella se imputa al Presidente del Gobierno, y a cada uno de los Ministros, la comisión de un homicidio imprudente, por cada una de las víctimas presentes en la querella.

Hasta el momento, 3.268 familias que han manifestado su deseo de querellarse, pero salvo las 116 que hoy se han personado, a las demás se les ha negado el Certificado Médico de Defunción, necesario para interponer la acción, y se les han dado un plazo de varios meses, para poder entregárselo.

El homicidio por imprudencia, está castigado en el Artículo 142 del Código Penal, con penas de hasta 4 años por cada homicidio que, en este caso, podrían llegar a 6 años.

Los firmantes de esta querella, que representan a 3.268 personas, explican que «hasta el momento, miles de familias que han perdido uno o más familiares como consecuencia del COVID-19, van a personarse como acusación particular en esta querella, pidiendo para cada imputado una pena de entre tres meses y quince años, dependiendo de la calificación final, por cada uno de los fallecidos. La querella puede verse ampliada e incluir los delitos de homicidio imprudente, prevaricación y omisión del deber de socorro entre otros. Actualmente el equipo jurídico estudia si amplia esta querella contra Fernando Simón, como director del gabinete técnico de lucha conta el COVID-19 y otros asesores de Sanidad como cooperadores necesarios. La Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales, que preside la abogada Emilia Zaballos tiene previsto personarse en el proceso como acusación popular.

“Lo que ha ocurrido con la pandemia del COVID-19 es muy grave. Desde la Fundación Zaballos no hemos dudado, desde el minuto uno, en dar apoyo legal a los afectados. Consideramos que es de justicia. Las responsabilidades, desde nuestro punto de vista, están muy claras. Ahora le toca decidir a la justicia”, declara Emilia Zaballos.Los abogados Emilia Zaballos y José Ignacio Sánchez Rubio son dos de los impulsores de la querella contra el Consejo de Ministros.

¿Qué hay que hacer para ser parte en la querella? Si su familia ha tenido la desgracia de perder a alguno de sus miembros, como consecuencia del COVID-19, envíenos por correo electrónico a [email protected] con una copia del Certificado de defunción del fallecido, copia del DNI del familiar que desee representar a la familia y un teléfono de contacto. Siga en todo momento las acciones de la iniciativa en la web de El Día Después. (www.despues.info)

Independientemente de esta madrugadora querella, el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que hacer frente a un aluvión de denuncias presentadas por su gestión de la crisis del COVID-19. Hay 17 querellas presentadas en el Tribunal Supremo que tienen como motivo principal el conocimiento de las autoridades sobre la gravedad de la pandemia y no haber actuado con diligencia para evitar tanta cantidad de fallecidos.

Además están los sanitarios (médicos y enfermeras). A día de hoy, el 49% de los médicos considera, que aún no tiene el material de protección suficiente, o que no está debidamente homologado para trabajar con seguridad. Así lo revela una encuesta realizada a casi 1600 médicos de 327 centros sanitarios de todo el país, sobre las condiciones de los facultativos españoles en la práctica clínica durante la crisis del Covid-19, elaborada por la recién creada Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos. «Después de dos meses en plena batalla, con la gente en las calles de nuevo, seguimos vendidos», imagino que también se personaran con una o varias querellas. El futuro estará en manos de los jueces.

BERNARDO RABASSA ASENJO. PRESIDENTE DE CLUBS Y FUNDACIONES LIBERALES. PREMIO 1812. PREMIO CIUDADANO EUROPEO 2013. MEDALLA AL MÉRITO CULTURAL 2015, PSICOLOGO SOCIAL. SECRETARIO R.I Y COMUNICACIÓN del PARTIDO 3ª EDAD EN ACCIÓN