El Gobierno ha logrado el apoyo de la mayoría parlamentaria que permitió la investidura de Pedro Sánchez para sacar adelante el decreto de medidas para evitar la saturación del sistema judicial por la crisis del coronavirus. Pese a los votos en contra del PP, Vox y Cs, el Congreso ha dado luz verde a la aprobación del citado decreto.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido en el Congreso el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
Campo ha pedido a la Cámara un ejercicio de "responsabilidad colectiva" para atender cuestiones "de extraordinaria necesidad y urgencia que afectan a un servicio público esencial". El ministro ha señalado que la norma es necesaria para responder con eficacia a la crisis y reactivar la Justicia tras el parón de actividad por la pandemia del coronavirus.
Durante su intervención en el Congreso, Campo ha indicado que, a pesar de la notable ralentización que ha sufrido la actividad judicial como consecuencia de la crisis, "la Justicia no ha cerrado" y se han mantenido servicios esenciales para garantizar la tutela judicial efectiva.
No obstante, se calcula que durante el periodo de alarma, las oficinas judiciales habrán reducido su trabajo al 20%, por lo que, con la vuelta a la normalidad, se sumará un 80% de trabajo que ha quedado pospuesto, además de los asuntos provocados por la crisis. Por eso, ha defendido las medidas que contiene el Real Decreto-ley "son clave para los próximos meses y años".
Según las previsiones del Ministerio de Justicia, el crecimiento de los asuntos ingresados en la jurisdicción social será en 2020 de hasta un 31%; en el ámbito civil, oscilará entre el 30% de 2020 y el 145% en 2021, mientras que en la jurisdicción contencioso-administrativa, se estima un incremento del 35% para 2020 y del 125% en 2021.
Entre sus medidas organizativas, Campo ha destacado la creación de Juzgados COVID-19 para reforzar los asuntos generados por la crisis, el establecimiento de refuerzos por parte de jueces de adscripción territorial y letrados de la administración de justicia en prácticas y la movilidad del personal entre órganos judiciales.
Sobre la habilitación de los días 11 a 31 de agosto, el ministro ha calificado la medida de "necesaria" para retomar la actividad y poner al día el servicio, y de "ejemplo de cogobernanza" porque responde a las propuestas de diversos sectores, incluidas muchas comunidades autónomas.
Justicia y el Consejo General del Poder Judicial están trabajando para implementar esa habilitación excepcional porque la Justicia "no puede permitirse reducir su actividad un mes entero".
En cuanto a las medidas de seguridad laboral, el decreto prevé el establecimiento de turnos de trabajo de mañana y tarde, con carácter voluntario, para mantener el distanciamiento social. Con esta misma finalidad, se limitará el acceso a las salas de vista y, simultáneamente, se reforzará la atención al público por vía telefónica y correo electrónico.
Entre las medidas tecnológicas, se destacan las modificaciones legales para facilitar el fomento del teletrabajo y el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de las vistas y demás actos procesales. Respecto al ámbito concursal y societario, se prevén medidas que tienen especial incidencia en la recuperación social y económica del país.
El Real Decreto-ley es el primer peldaño de la hoja de ruta para la desescalada en la Justicia, cuya primera fase se activó este martes, en la que se prioriza la reactivación del servicio "con todas las garantías necesarias para salvaguardar la salud de profesionales y usuarios", ha señalado el ministro.
La hoja de ruta contempla además la elaboración de un proyecto de Ley de medidas procesales, tecnológicas y organizativas para mejorar el funcionamiento del servicio público y afianzar su transformación digital. Asimismo, la norma apostará por la mediación como la forma más adecuada para resolver muchos conflictos. El Gobierno pondrá en marcha planes de choque en las distintas jurisdicciones para abordar la situación generada por el parón de actividad y sus consecuencias económicas.
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